La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado un paso significativo al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos malos manejos de recursos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla. Esta acción marca un hito, ya que es la primera vez en más de dos décadas que la ASF denuncia penalmente posibles actos de corrupción relacionados con el Conacyt, que ahora opera como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
La denuncia se basa en un informe de auditoría que revela un daño al erario público que supera los 50 millones de pesos. La ASF ha identificado irregularidades en la extinción de cuatro fondos institucionales, un proceso que se llevó a cabo bajo la premisa de eliminar fideicomisos que, según la administración de Álvarez-Buylla, representaban riesgos de corrupción. Sin embargo, los auditores encontraron que la eliminación de estos fondos estuvo marcada por una serie de malos manejos que han llevado a la actual denuncia.
### Irregularidades en los Procesos de Extinción de Fondos
El informe de la ASF detalla que, durante el año 2021, se llevaron a cabo auditorías que revelaron dos grandes anomalías en la gestión de los recursos del Conacyt. La primera de ellas se refiere a la falta de evidencia documental que respalde la realización de servicios contables y administrativos relacionados con la desaparición de los fideicomisos. En total, se identificaron cinco contratos formalizados con tres prestadores de servicios, que suman un total de 35 millones de pesos, pero no se presentó documentación que acredite la prestación de estos servicios.
La segunda irregularidad, que podría representar un daño adicional al erario de casi 22.5 millones de pesos, está vinculada a un contrato con la empresa NRGP Servicios Empresariales Integrales, S.A. de C.V. Este contrato tenía como objetivo el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable de los proyectos que fueron transferidos al Conacyt tras la extinción de los fideicomisos. A pesar de que se reportaron trabajos realizados y se emitieron facturas, los auditores encontraron serias inconsistencias en la documentación presentada, lo que pone en duda la veracidad de los servicios supuestamente prestados.
Los auditores señalaron que los entregables proporcionados por el prestador de servicios eran archivos de Excel desestructurados, sin la documentación de soporte necesaria para validar la información. Además, se identificaron duplicaciones y errores en las fechas de los servicios, lo que resta credibilidad a los reportes presentados por el Conacyt. Tras una revisión, las autoridades admitieron que no había evidencia de que los servicios se hubieran proporcionado, lo que agrava aún más la situación.
### La Gestión de Álvarez-Buylla y las Acusaciones de Corrupción
Durante su gestión, María Elena Álvarez-Buylla defendió su administración argumentando que había erradicado la corrupción en el Conacyt, señalando que su antecesora había perdido 45 mil millones de pesos. Sin embargo, sus acusaciones contra 31 destacados investigadores y académicos, a quienes acusó de desviar recursos a través de una red de contratos y fideicomisos, no fueron respaldadas por auditorías que confirmaran tales irregularidades.
El proceso legal contra estos científicos se extendió por varios años, pero en 2023, un juez federal determinó que los hechos imputados no constituían un delito y absolvió a los acusados, afirmando que el uso de los recursos públicos estaba justificado. Esta decisión subraya la falta de pruebas concretas en las acusaciones de Álvarez-Buylla y plantea serias dudas sobre la gestión de recursos durante su administración.
La denuncia de la ASF ante la FGR no solo pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de recursos públicos, sino que también abre la puerta a nuevas investigaciones sobre posibles irregularidades en el Conacyt. A medida que las autoridades continúan revisando las cuentas públicas, es probable que surjan más denuncias relacionadas con la administración de Álvarez-Buylla y su impacto en la ciencia y la tecnología en el país.
La situación actual del Conacyt y las acusaciones de corrupción resaltan la importancia de una supervisión adecuada de los recursos públicos, especialmente en instituciones que manejan fondos significativos destinados a la investigación y el desarrollo. La ASF ha mantenido abiertos 43 expedientes relacionados con irregularidades en otras áreas, lo que sugiere que el problema de la corrupción en el sector público es más amplio de lo que se ha revelado hasta ahora.
La denuncia de la ASF es un recordatorio de que la rendición de cuentas es fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones y la confianza pública. A medida que se desarrollan las investigaciones, será crucial observar cómo las autoridades responden a estas acusaciones y qué medidas se implementan para garantizar que los recursos destinados a la ciencia y la tecnología se utilicen de manera efectiva y transparente.
