Grupo Salinas, un conglomerado empresarial mexicano, ha estado en el centro de la controversia debido a su prolongada lucha legal para evitar el pago de impuestos que se remontan a 2006. Este artículo examina las tácticas que ha utilizado el grupo para dilatar sus obligaciones fiscales y el impacto que esto tiene en el sistema judicial y en la percepción pública.
### Tácticas Legales y Estrategias de Dilación
Desde hace varios años, Grupo Salinas ha recurrido a diversas estrategias legales para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Una de las más notables es la presentación de recusaciones e impedimentos, que son mecanismos legales utilizados para separar a un juez de un caso cuando existe un riesgo de imparcialidad o un posible conflicto de intereses. Esta táctica ha permitido al conglomerado posponer decisiones judiciales cruciales que podrían resultar en pagos significativos.
Por ejemplo, en junio de 2020, Elektra, una de las empresas del grupo, logró el impedimento de la ex ministra Margarita Ríos-Farjat, lo que retrasó la liquidación de un crédito fiscal de 2 mil 635 millones de pesos hasta enero de 2022. Este tipo de maniobras no solo prolonga el proceso judicial, sino que también genera un ambiente de incertidumbre en el sistema fiscal del país.
En enero de 2024, Totalplay, otra de las subsidiarias de Grupo Salinas, interpuso un recurso contra el ex ministro Luis María Aguilar, buscando evitar que emitiera un fallo sobre las omisiones en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. Este patrón de conducta ha llevado a que el conglomerado recurra a múltiples recusaciones, incluso contra miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha generado críticas sobre el uso abusivo de los recursos legales.
En octubre de 2024, Elektra presentó recursos contra las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, argumentando su cercanía al gobierno actual, así como contra el ex ministro Alberto Pérez Dayán, quien es visto como un opositor a la Cuarta Transformación. La intención detrás de estas recusaciones era clara: trasladar el expediente a una sala de la SCJN que pudiera ser más favorable a sus intereses.
A pesar de que en mayo pasado el máximo tribunal determinó que las recusaciones contra algunos de estos magistrados eran infundadas, Grupo Salinas continuó con su estrategia, llegando al extremo de solicitar el impedimento de todos los integrantes de la SCJN en un caso que involucra un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos. Esta solicitud fue rechazada sin mayor trámite, y el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, impuso multas a la empresa por intentar entorpecer los juicios.
### Impacto en el Sistema Judicial y la Opinión Pública
El uso de tácticas legales por parte de Grupo Salinas no solo afecta el sistema judicial, sino que también tiene repercusiones en la opinión pública. La empresa ha utilizado su poder mediático para difundir narrativas que no siempre se alinean con los hechos. Recientemente, el conglomerado afirmó que estaba dispuesto a pagar su deuda fiscal, pero que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se lo impedía. Esta declaración ha sido desmentida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó la existencia de cualquier acuerdo entre el SAT y Grupo Salinas.
El relato de Grupo Salinas sugiere que habría existido un acuerdo verbal durante el sexenio anterior para saldar su deuda por 7 mil 600 millones de pesos, una cifra que representa solo una décima parte de lo que realmente se le reclama. La falta de pruebas concretas para respaldar esta afirmación ha llevado a cuestionar la veracidad de sus declaraciones. La empresa se presenta como una entidad que valora la palabra, argumentando que un acuerdo verbal tiene más validez que un documento firmado, lo cual es difícil de sostener en el ámbito legal.
Además, Grupo Salinas ha manifestado su intención de llevar su defensa a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que añade una capa de complejidad a su situación. Sin embargo, es fundamental que el conglomerado y su accionista mayoritario comprendan que el incumplimiento de las obligaciones fiscales no puede considerarse un derecho humano. La exigencia de pago de impuestos es una aplicación de la ley que debe ser respetada por todos los ciudadanos y empresas.
La situación de Grupo Salinas pone de manifiesto la necesidad de revisar y reformar el marco legal que regula las recusaciones y los impedimentos en el sistema judicial. Actualmente, las sanciones impuestas por el uso abusivo de estos recursos son irrisorias en comparación con el poder económico del conglomerado, lo que podría incentivar más tácticas de dilación en el futuro. Es imperativo que las penalizaciones sean proporcionales a las sumas en juego, para evitar que se conviertan en una herramienta para evadir responsabilidades fiscales.
En resumen, la prolongada batalla legal de Grupo Salinas para evitar el pago de impuestos plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la responsabilidad fiscal en México. A medida que el conglomerado continúa utilizando tácticas de dilación y manipulando la opinión pública, se hace evidente que la situación requiere una atención urgente y reformas significativas para garantizar que todos los actores, independientemente de su poder económico, cumplan con sus obligaciones legales.
