La situación de los menores que nacen y viven en centros penitenciarios ha sido un tema de creciente preocupación en la sociedad mexicana. Recientemente, la diputada federal del PRI, Verónica Martínez García, ha presentado una iniciativa que busca reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de proteger los derechos de estos infantes que, por circunstancias ajenas a su voluntad, se encuentran en un entorno que puede ser perjudicial para su desarrollo integral.
### La Realidad de los Menores en Reclusión
Según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, hay 344 niñas y niños que residen en reclusorios en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales. Estos menores, que nacen y crecen en prisión, enfrentan un entorno que no solo limita su desarrollo físico y emocional, sino que también perpetúa ciclos de marginación social. La diputada Martínez García ha destacado que muchos de estos centros carecen de la infraestructura necesaria para proporcionar atención médica adecuada, educación y espacios recreativos, lo que agrava aún más su situación.
La propuesta de reforma establece que la estancia de los menores en centros penitenciarios será considerada como una condición de vulnerabilidad. Esto implica que solo podrán permanecer junto a sus madres hasta los tres años de edad. Después de este periodo, se deberá llevar a cabo una separación gradual y supervisada, asegurando que se mantengan los vínculos afectivos a través de visitas programadas y atención psicológica. Esta medida busca no solo proteger a los menores, sino también garantizar su derecho a un desarrollo sano y equilibrado.
La diputada ha enfatizado la importancia de que las autoridades proporcionen condiciones dignas durante la permanencia de los menores en prisión. Esto incluye garantizar una alimentación adecuada, atención pediátrica y espacios que permitan su recreación y actividades didácticas. La propuesta también contempla mecanismos de protección y custodia para los menores una vez que salgan del centro penitenciario, asegurando que el Estado cumpla con su responsabilidad de velar por el interés superior de la niñez.
### La Llamada a la Acción de los Gobiernos
Martínez García ha hecho un llamado a los tres órdenes de gobierno para que asuman su responsabilidad en la protección de estos menores. La falta de atención a sus necesidades básicas no solo afecta su bienestar inmediato, sino que también tiene repercusiones a largo plazo en su desarrollo y en su integración social. La diputada ha subrayado que el Estado debe garantizar que estos niños y niñas tengan acceso a una vida digna, incluso en circunstancias difíciles.
La propuesta de reforma no solo busca mejorar las condiciones de vida de los menores en prisión, sino que también pretende romper con el estigma que enfrentan. Estos niños, a menudo invisibles para la sociedad, necesitan ser reconocidos y protegidos. La iniciativa es un paso hacia la dignidad infantil, un recordatorio de que todos los niños, independientemente de su situación, tienen derechos que deben ser respetados y protegidos.
La situación de los menores en reclusión es un reflejo de las fallas en el sistema penitenciario y en la atención a la infancia en general. La propuesta de la diputada Martínez García es un llamado a la acción para que todos los sectores de la sociedad se involucren en la protección de los derechos de los niños. La reforma es una oportunidad para que el Estado asuma su responsabilidad y garantice un entorno seguro y saludable para todos los menores, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables.
La iniciativa ha generado un debate importante sobre la necesidad de reformar el sistema penitenciario y de garantizar que los derechos de los menores sean una prioridad en la agenda política. La protección de los derechos de los niños no debe ser solo un discurso, sino una acción concreta que se refleje en políticas públicas efectivas.
La propuesta de reforma presentada por la diputada del PRI es un paso significativo hacia la mejora de las condiciones de vida de los menores nacidos en prisión. Sin embargo, es fundamental que esta iniciativa sea respaldada por acciones concretas y un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de crecer en un entorno que favorezca su desarrollo integral y su bienestar emocional.
