Ayuso llevará la ‘ley Celaá’ al Tribunal Constitucional

Ayuso llevará la ‘ley Celaá’ al Tribunal Constitucional

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Nueva incursión en la política nacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
,quien ha anunciado su determinación a llevar las modificaciones de la llamada
‘ley Celaá
al Tribunal Constitucional, una norma que a su juicio pretende “destrozar todavía más” el sistema
educativo de España.

Así lo ha anunciado la presidenta en una rueda prensa convocada en la Real Casa de Correos, después de que el Gobierno haya aprobado este martes para enviarlo al Congreso el proyecto de ley educativa que lidera la ministra de Educación, Isabel Celaá, con el que se derogará la Lomce y se quitará peso a la religión a la vez que se eliminará la “demanda social” para poder abrir plazas en los centros concertados.





La dirigente popular ha acusado al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez de querer “cambiar la educación por la puerta de atrás”, sin diálogo y con arrogancia.

Ayuso ya advirtió a Celaá de sus intenciones el pasado mes de noviembre espetando que “la educación concertada en Madrid no se toca” y asegurando que “los padres van a elegir el tipo de educación y el colegio que quieren para sus hijos”. ”Así lo hemos hecho siempre en la Comunidad de Madrid. Le puedo asegurar al Gobierno de España y a la ministra que nos va a tener en contra en todas partes donde haga falta, en los medios, en la calle… donde haga falta”, indicó la dirigente regional durante la inauguración del Centro de Turismo de la Puerta del Sol.

Los sindicatos, y la oposición, llevan años denunciando e
l trato de favor de los sucesivos Gobiernos del PP a la Educación concertada
por encima de los intereses de la pública. La oposición, de hecho, denuncia que se ha priorizado la inversión en centros concertados por delante de los públicos Ajena a las críticas a sus predecesores en el cargo, y compañeros de partido,Ayuso ha incidido en que el Gobierno socialista “no le va a decir a los padres en Madrid cómo van a tener que educar a sus hijos, qué dogmas, ni en qué centros”. La presidenta regional ha recordado que este Ejecutivo “lleva mucho tiempo amenazando no solo a la educación concertada, sino también a la educación especial y al bachillerato de excelente”.





En la Comunidad de Madrid existen 15.491 aulas de centros privados financiadas con fondos públicos. 762 de las cuales se han impulsado durante la pasada legislatura. Unos datos que han empujado a Podemos a pedir explicaciones al consejero de Educación en la Asamblea de Madrid ya que “mientras la partida destinada a la educación concertada ha aumentado en estos últimos años, pasando de 800 millones en 2009 a casi mil millones en 2017, la inversión en infraestructura pública ha pasado de 210 millones en 2009 a 70 en 2017”.


El PP ha incrementado la inversión en la educación concertada en detrimento de la pública





La nueva ley de Educación que aprobará hoy el Gobierno otorga a la administración la posibilidad de programar la oferta de centros en función del cálculo del número de alumnos y cerrar grupos, tanto en la pública como en la concertada, antes de que los padres se pronuncien sobre el colegio que quieren para sus hijos. Esto quiere decir que la escuela concertada puede perder la financiación pública que recibe sobre una clase a pesar de que quizás no la perdería con el sistema actual, es decir, si tuviera suficiente demanda para llenarla.

La concertada considera que la intervención administrativa en el reparto de alumnos pasa por encima de la libertad de las familias a elegir el centro deseado. Asimismo, y como sucede con los decretos de admisión de alumnos y de la concertada, la ley prevé también a las administraciones educativas repartir el alumnado con necesidades específicas o educativas (por su situación social o dificultades de aprendizaje) entre los centros públicos y concertados, sin prever ninguna aportación económica adicional.






Tendrán “absolutamente enfrente” a la Comunidad de Madrid “si pretenden tocar” la libertad educativa







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