La reciente creación de Transparencia para el Pueblo ha generado un cambio significativo en la forma en que se manejan las quejas relacionadas con la falta de acceso a la información pública en México. Este nuevo organismo, que opera bajo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha establecido un reglamento que modifica drásticamente el proceso de atención a las quejas, dejando atrás el modelo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
**Estructura y Funciones de Transparencia para el Pueblo**
Transparencia para el Pueblo se presenta como un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y operativa. Sin embargo, a diferencia del INAI, donde las resoluciones eran discutidas y votadas por un pleno de comisionados, el nuevo organismo ha centralizado la responsabilidad en la dirección general de Recursos de Revisión y de Inconformidad. Esta dirección será la encargada de analizar y resolver las quejas presentadas por los ciudadanos cuando el gobierno federal niegue información.
El reglamento interno permite que el titular de Transparencia para el Pueblo delegue esta responsabilidad en sus subalternos, lo que significa que las decisiones sobre el acceso a la información recaerán en una sola persona: el director o directora general de Recursos de Revisión. Este cambio ha suscitado preocupaciones entre especialistas en transparencia, quienes advierten que la concentración de poder en una sola figura puede llevar a decisiones arbitrarias y a la falta de rendición de cuentas.
**Implicaciones de la Nueva Normativa**
Una de las principales críticas a la nueva estructura es la eliminación de las sesiones públicas donde se discutían las resoluciones. En el INAI, estas sesiones eran fundamentales para garantizar la transparencia en el proceso de toma de decisiones, permitiendo que los ciudadanos conocieran los argumentos a favor y en contra de cada caso. Con la desaparición de estas sesiones, las resoluciones de Transparencia para el Pueblo se convertirán en un trámite interno, lo que podría generar un ambiente de opacidad y discrecionalidad.
La investigadora Sarahí Salvatierra, especialista en transparencia, ha señalado que este cambio implica que las decisiones sobre el acceso a la información dependerán de una sola persona, lo que podría resultar en criterios disímiles en la resolución de quejas. Esto es particularmente preocupante en un contexto donde diferentes autoridades pueden interpretar la ley de maneras distintas, lo que podría llevar a una falta de uniformidad en la aplicación de la normativa.
Además, el hecho de que el titular de Transparencia para el Pueblo no esté directamente involucrado en la sustanciación y resolución de los recursos de revisión plantea interrogantes sobre la efectividad del organismo. Aunque el titular será el representante legal ante cualquier procedimiento jurídico, como un amparo, su papel se limita a validar las decisiones tomadas por sus subordinados, lo que podría debilitar la función de supervisión y control que se espera de un organismo de esta naturaleza.
**Comparativa con el INAI y Otros Órganos**
La estructura de Transparencia para el Pueblo es más reducida que la del INAI, que contaba con un pleno de comisionados que deliberaban y votaban sobre las resoluciones. Este modelo permitía una mayor diversidad de opiniones y un debate más amplio sobre los criterios a aplicar en cada caso. En contraste, el nuevo organismo parece haber optado por un enfoque más jerárquico y centralizado, lo que podría limitar la capacidad de respuesta ante las quejas de los ciudadanos.
Este esquema de resolución unilateral también se replicará en otros entes federales, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, donde las áreas de transparencia seguirán un modelo similar. Esto plantea un riesgo significativo para la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno, ya que las decisiones sobre el acceso a la información se tomarán sin el mismo nivel de supervisión y debate que existía anteriormente.
La eliminación de las sesiones públicas y la concentración de poder en una sola figura podrían tener un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar su derecho a la información. La falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones podría llevar a un aumento en la desconfianza hacia el gobierno y sus instituciones, lo que a su vez podría afectar la participación ciudadana y el compromiso con la democracia.
En resumen, la creación de Transparencia para el Pueblo y los cambios en la forma en que se manejan las quejas relacionadas con el acceso a la información representan un giro significativo en la política de transparencia en México. A medida que este nuevo organismo comienza a operar, será crucial observar cómo se desarrollan los procesos de resolución de quejas y si realmente se logra un equilibrio entre la eficiencia y la transparencia en la gestión de la información pública.
