La situación actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha generado preocupación entre los legisladores del partido Movimiento Ciudadano. A tan solo dos días de la renovación total del Poder Judicial, se ha denunciado un rezago significativo en la resolución de asuntos clave que afectan la vida pública del país. Algunos expedientes han permanecido sin resolución durante más de mil 500 días, lo que plantea serias dudas sobre el acceso a la justicia y la eficacia del sistema judicial mexicano.
### El Rezago Judicial y sus Implicaciones
El rezago en la SCJN no es un fenómeno nuevo, pero ha alcanzado niveles alarmantes. Según los senadores de Movimiento Ciudadano, la Corte solía tardar un promedio de 357 días en resolver acciones de inconstitucionalidad y 389 días en controversias constitucionales. Sin embargo, muchos de los casos actuales han duplicado o incluso cuadruplicado estos tiempos de espera. Este retraso no solo afecta a los involucrados en los casos, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
Entre los casos más destacados que aún esperan resolución se encuentran la acción de inconstitucionalidad relacionada con la desaparición de 109 fideicomisos, el análisis de la militarización de los puertos y el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última condena al Estado mexicano por el uso sistemático de la prisión preventiva oficiosa, una práctica considerada contraria a los derechos humanos. Además, los procesos vinculados a figuras como Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República, y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, también permanecen sin resolución, lo que añade un nivel de complejidad a la crisis judicial.
El impacto de este rezago es profundo. La falta de resolución en casos de gran relevancia nacional no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también tiene repercusiones en la percepción pública sobre la justicia en el país. La justicia pronta y expedita es un derecho constitucional consagrado en el artículo 17, y su vulneración puede llevar a un aumento en la desconfianza hacia el sistema judicial y, por ende, hacia el Estado mismo.
### Propuestas para Combatir el Rezago Judicial
Frente a esta situación crítica, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ha propuesto establecer plazos claros para la admisión, trámite y resolución de los asuntos que conoce la SCJN. Esta iniciativa busca combatir el rezago judicial, que no es solo un problema técnico, sino que impacta directamente en el acceso a la justicia y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La propuesta se enmarca en un contexto donde la próxima renovación del Poder Judicial plantea nuevos desafíos, ya que se reemplazarán magistrados y jueces, algunos de los cuales han sido cuestionados por su falta de experiencia o conocimientos.
La urgencia de esta propuesta radica en que, mientras los casos sigan sin resolverse y la Corte acumule pendientes, cualquier intento de reforma judicial será percibido con escepticismo. La ciudadanía exige resultados concretos, no solo discursos ni promesas vacías. La percepción de que el sistema judicial es ineficaz puede llevar a un aumento en la frustración social y a la desconfianza en las instituciones, lo que a su vez podría tener consecuencias más amplias para la gobernabilidad en el país.
Además, la falta de resolución en casos emblemáticos puede tener un efecto desalentador en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La justicia no solo debe ser un concepto abstracto, sino que debe traducirse en acciones concretas que demuestren que el sistema judicial es capaz de enfrentar a los poderosos y garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, tengan acceso a una justicia efectiva.
La SCJN se encuentra en una encrucijada. La presión para resolver los casos pendientes es cada vez mayor, y la próxima renovación del Poder Judicial podría ser una oportunidad para implementar cambios significativos. Sin embargo, esto solo será posible si se establecen mecanismos claros y efectivos que permitan reducir el rezago judicial y restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. La situación actual exige una respuesta contundente y decidida, que no solo aborde los síntomas del problema, sino que también ataque sus causas profundas.
