La situación energética en Cuba se ha vuelto crítica, con apagones que afectan a casi la mitad del país. La Unión Eléctrica (UNE) ha informado que durante los picos de demanda, hasta el 47% del territorio cubano podría experimentar cortes de electricidad. Esta crisis, que se ha intensificado desde agosto de 2024, es el resultado de averías en las obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de combustible, lo que ha llevado a un descontento social creciente.
Los apagones han alcanzado hasta 20 horas diarias en algunas regiones, afectando a grandes ciudades como Santiago de Cuba y Holguín, mientras que en La Habana la duración de los cortes oscila entre cuatro y cinco horas. En los últimos siete meses, Cuba ha enfrentado cuatro apagones nacionales, de los cuales el país ha tardado días en recuperarse. La UNE ha reportado que la capacidad máxima de generación eléctrica durante las horas pico es de 1,935 megavatios (MW), mientras que la demanda alcanza los 3,500 MW, lo que genera un déficit de 1,565 MW. Para evitar apagones desordenados, se desconectan 1,635 MW, lo que indica que la situación es aún más grave de lo que se pronostica oficialmente.
La infraestructura eléctrica de Cuba enfrenta un grave deterioro. Actualmente, cinco de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio debido a averías o mantenimiento, y 71 centrales de generación distribuida están inoperativas por falta de combustible. La obsolescencia de las centrales termoeléctricas es un problema crónico, resultado de décadas de explotación sin la inversión y el mantenimiento adecuados. Además, la falta de divisas para importar combustible ha agravado la situación, ya que los motores que podrían ayudar a aliviar la carga también están fuera de servicio.
Los expertos independientes han señalado que la crisis energética en Cuba es consecuencia de una infrafinanciación crónica del sector eléctrico, que ha estado bajo control estatal desde la revolución de 1959. El gobierno cubano, por su parte, atribuye parte de la crisis a las sanciones estadounidenses que han impactado negativamente en la capacidad del país para adquirir los recursos necesarios para revitalizar su red eléctrica. Se estima que el gobierno necesitaría entre 8 y 10 mil millones de dólares para restaurar adecuadamente el sistema eléctrico.
Los apagones no solo afectan la vida cotidiana de los cubanos, sino que también tienen un impacto significativo en la economía del país. Según estimaciones del propio gobierno, el PIB de Cuba se contrajo un 1.9% en 2023 y no mostró crecimiento el año anterior. Las proyecciones para 2025 sugieren un avance del 1%, pero el PIB sigue por debajo de los niveles de 2019, lo que indica que la crisis energética está lastrando el desarrollo económico del país.
La falta de electricidad ha llevado a un aumento del descontento social, ya que los cubanos enfrentan no solo la interrupción de servicios básicos, sino también un deterioro en la calidad de vida. Las largas horas sin electricidad afectan el funcionamiento de negocios, la educación y la salud, lo que ha generado protestas y un llamado a la acción por parte de la población. La situación se ha vuelto insostenible, y muchos ciudadanos exigen soluciones inmediatas y efectivas por parte del gobierno.
La crisis energética en Cuba es un reflejo de problemas más profundos que afectan al país, incluyendo la falta de inversión, la obsolescencia de la infraestructura y las restricciones económicas impuestas por el contexto internacional. A medida que la situación se agrava, la presión sobre el gobierno cubano para encontrar soluciones se intensifica, y la población espera respuestas que puedan aliviar su sufrimiento y restaurar la estabilidad en el suministro eléctrico.
En resumen, la crisis energética en Cuba es un fenómeno complejo que involucra múltiples factores, desde la infraestructura envejecida hasta las restricciones económicas. La situación actual no solo es un desafío para el gobierno, sino también una oportunidad para que se implementen reformas necesarias que puedan llevar a una mejora en la calidad de vida de los cubanos y a un desarrollo económico sostenible en el futuro.
