La situación del sistema judicial en México ha alcanzado un punto crítico, donde más de 100 delincuentes han recuperado su libertad gracias a decisiones judiciales cuestionables. Este fenómeno ha sido denunciado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien ha señalado que las resoluciones de ciertos jueces han favorecido a criminales, en lugar de proteger a la sociedad. En un contexto donde la violencia y el crimen organizado son problemas persistentes, la actuación de algunos miembros del Poder Judicial ha suscitado un intenso debate sobre la integridad y la eficacia del sistema judicial.
**Decisiones Judiciales Controversiales**
Entre 2024 y 2025, se han registrado 193 decisiones judiciales que han permitido la liberación de individuos vinculados a delitos graves, incluyendo el crimen organizado. García Harfuch ha destacado que estas decisiones no solo son inaceptables, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública. La liberación de criminales como Mario Alberto N, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, y otros miembros de cárteles de la droga, ha generado una ola de indignación entre las autoridades y la ciudadanía.
El caso del juez Gregorio Salazar es uno de los más emblemáticos. Este juez dictó un auto de no vinculación a proceso contra Juan Enrique N, un operador del cártel del Golfo, y posteriormente revocó la prisión preventiva de José Alfredo N, conocido como ‘El Contador’. Estas decisiones han sido vistas como un claro ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser manipulado para favorecer a delincuentes, lo que ha llevado a cuestionar la capacidad de los jueces para actuar de manera imparcial y justa.
Además, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Claudia Sheinbaum, ha criticado la falta de acción por parte de la oposición ante estos escándalos. En sus declaraciones, Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de una reforma judicial que permita una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que pueda sancionar a aquellos jueces que actúan de manera indebida. La presidenta ha señalado que la reforma es una respuesta necesaria al nepotismo y la corrupción que han permeado en el sistema judicial.
**Impacto en la Seguridad Pública**
La liberación de delincuentes no solo afecta a las víctimas de delitos, sino que también tiene un impacto directo en la seguridad pública. García Harfuch ha informado que, de los 42 jueces que han emitido resoluciones favorables a criminales, algunos han realizado hasta 58 resoluciones que han permitido la salida de presos. Esto ha generado un clima de impunidad que fomenta la reincidencia delictiva y la desconfianza en el sistema judicial.
El secretario de Seguridad ha mencionado que, entre octubre de 2024 y abril de 2025, se liberaron 26 personas pertenecientes a organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Estas liberaciones han llevado a un aumento en la actividad delictiva, lo que ha generado preocupación entre la población y las autoridades. La falta de un marco legal que permita la sanción efectiva de jueces que actúan de manera irresponsable ha contribuido a esta crisis.
La situación se complica aún más con la denuncia de conductas ilegales dentro del Poder Judicial. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, ha señalado que existen acuerdos internos que impiden que los jueces sean procesados sin autorización, lo que limita la capacidad de la justicia para actuar contra la corrupción y el abuso de poder. Esta falta de accountability ha llevado a una percepción generalizada de que el sistema judicial está fallando en su función de proteger a la sociedad.
La problemática se extiende a otros casos donde jueces han dictado autos de libertad a individuos con antecedentes delictivos graves, como Nabor N, alias ‘El Camaleón’, quien fue acusado de secuestrar a miembros de las fuerzas de seguridad. La liberación de estos individuos no solo deja a las víctimas en un estado de indefensión, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra el crimen organizado.
La situación actual del sistema judicial en México es un reflejo de la necesidad urgente de reformas que garanticen la justicia y la seguridad de la población. La falta de acción y la impunidad de ciertos jueces han llevado a un aumento en la violencia y la criminalidad, lo que pone en riesgo la estabilidad social del país. La implementación de medidas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas es esencial para restaurar la confianza en el sistema judicial y garantizar que se haga justicia.
