La reciente destitución de la presidenta de facto Dina Boluarte ha desatado una ola de reacciones en Perú, un país que ha experimentado una inestabilidad política crónica en los últimos años. La decisión del Congreso de destituir a Boluarte, quien asumió el poder tras la caída de Pedro Castillo, ha sido interpretada como un movimiento estratégico por parte de las fuerzas de derecha y ultraderecha que, hasta ahora, la habían respaldado. Este artículo examina las circunstancias que llevaron a su destitución, el contexto político en el que se desarrolla y las posibles consecuencias para el futuro del país.
La destitución de Boluarte se produjo en un momento crítico, marcado por un aumento en la inseguridad y una creciente insatisfacción popular. Según encuestas recientes, su aprobación se había desplomado a niveles alarmantes, alcanzando un 94% de desaprobación entre la población, con cifras aún más altas en el sur del país, donde la represión del gobierno había dejado un saldo trágico de 60 muertos y cientos de heridos. Estos eventos han sido calificados como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales, lo que ha puesto en tela de juicio la legitimidad de su gobierno.
### El Contexto de la Crisis Política
La historia política reciente de Perú está marcada por una serie de crisis que han llevado a la destitución de varios presidentes en un corto período. Desde 2016, el país ha visto pasar por el poder a siete presidentes, lo que refleja una profunda inestabilidad en el sistema político. La caída de Boluarte no es un caso aislado, sino parte de un patrón de luchas internas entre facciones de la oligarquía peruana que han priorizado sus intereses sobre el bienestar del pueblo.
Boluarte llegó al poder en un contexto de crisis tras la destitución de Pedro Castillo, quien había sido elegido democráticamente. Su ascenso fue recibido con escepticismo, ya que muchos la veían como una figura que carecía de legitimidad y que había llegado al poder a través de un golpe de Estado. Durante su mandato, Boluarte se enfrentó a numerosas críticas por su manejo de la crisis de seguridad y por su alineación con intereses extranjeros, especialmente con Estados Unidos. Esto generó un descontento generalizado que culminó en su destitución.
La nueva administración, encabezada por José Jerí, quien era el presidente del Congreso, ha sido recibida con recelo. Jerí, que asume el cargo en medio de acusaciones de corrupción y violación sexual, no parece ser la solución a los problemas que enfrenta el país. Su primera medida, declarar una guerra contra la delincuencia, ha sido vista como un intento de desviar la atención de sus propios escándalos y de la crisis política en curso.
### Implicaciones para el Futuro de Perú
La destitución de Boluarte y la llegada de Jerí al poder plantean serias preguntas sobre el futuro de la democracia en Perú. La falta de legitimidad de ambos líderes y la continua polarización política sugieren que el país podría estar en un camino hacia una mayor inestabilidad. La percepción de que las élites políticas están más interesadas en mantener su poder que en servir al pueblo ha alimentado un clima de desconfianza y frustración entre los ciudadanos.
Además, el hecho de que el fujimorismo, un partido con un pasado controvertido, esté emergiendo como un posible favorito para las próximas elecciones de 2026, añade una capa adicional de complejidad a la situación. La historia reciente de Perú ha demostrado que el retorno de figuras asociadas con el autoritarismo y la corrupción puede tener consecuencias devastadoras para la democracia y los derechos humanos.
La solución a la crisis política en Perú no es sencilla. Muchos analistas sugieren que una verdadera reconciliación nacional es necesaria, lo que implicaría un juicio a los responsables de los abusos de poder, incluidos los líderes que han estado en el cargo durante los últimos años. La restitución de Pedro Castillo, aunque controversial, podría ser vista como un paso hacia la restauración de la legitimidad democrática, pero esto requeriría un cambio significativo en la dinámica política actual.
En este contexto, es crucial que la ciudadanía se mantenga informada y activa en la defensa de sus derechos y en la exigencia de una política más transparente y justa. La historia de Perú es un recordatorio de que la democracia no es un estado dado, sino un proceso que requiere la participación activa de todos los ciudadanos. La lucha por un futuro mejor para el país dependerá de la capacidad de sus habitantes para exigir rendición de cuentas y justicia, así como de la voluntad de los líderes políticos para escuchar y responder a las necesidades del pueblo.
