La administración pública en México enfrenta un grave desafío en la actualidad, donde el desprecio por la ley y el uso del servicio público como un medio para el enriquecimiento personal se han vuelto preocupantemente comunes. Este fenómeno no es exclusivo de una sola institución, sino que se extiende a diversas entidades, incluyendo el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM). La situación se agrava cuando se observa que los altos funcionarios de estas instituciones no solo ignoran las leyes de austeridad, sino que también se asignan salarios exorbitantes que superan con creces los ingresos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
La reciente revelación de que los integrantes del pleno del TECM violan flagrantemente la Ley de Austeridad es un claro ejemplo de esta problemática. Mientras que Brugada percibe un salario neto de 83 mil 14 pesos, los consejeros del TECM se asignan salarios que duplican esta cifra. Por su parte, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la consejera presidenta, Patricia Avendaño, se asigna 10 mil pesos más que Brugada, mientras que sus colegas cobran 62 mil pesos por encima de lo permitido, alcanzando un total de 145 mil pesos. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la ética y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debería ser el bastión del respeto a la Constitución, también se encuentra en una situación similar. Recientemente, los ministros que concluirán funciones validaron un anteproyecto de presupuesto para 2026 que perpetúa los salarios anticonstitucionales de los altos funcionarios. Este presupuesto incluye 65 mil pesos para alimentos de togados que ya reciben casi 4 millones de pesos al año, además de un aumento que supera el doble de la inflación. Este tipo de decisiones no solo evidencian un desprecio por la ley, sino que también reflejan una desconexión alarmante entre los altos funcionarios y la realidad económica que enfrenta la ciudadanía.
La situación actual resalta la urgente necesidad de una reforma integral en materia electoral. Es inaceptable que se justifique el excesivo financiamiento de las elecciones bajo el argumento de que una democracia de calidad requiere un flujo interminable de dinero. La experiencia ha demostrado que este tipo de financiamiento no solo corrompe el espíritu cívico, sino que también degrada el intercambio de ideas y el debate democrático a un mero espectáculo de mercadotecnia. La falta de transparencia y la corrupción en el manejo de recursos públicos son problemas que deben ser abordados con seriedad y urgencia.
Además, es fundamental recordar que contar con un marco jurídico sólido no es suficiente si no hay un cambio auténtico en la conciencia de la ciudadanía. Esto es especialmente relevante para aquellos que conforman o aspiran a conformar las instituciones del Estado. Los consejeros electorales, magistrados y ministros deben ser un ejemplo de vocación para el servicio público y de sensibilidad social. Sin esta vocación, las leyes poco pueden lograr, y el respeto a la Constitución se convierte en una mera formalidad.
La falta de compromiso con el servicio público y el desprecio por la ley son síntomas de una crisis más profunda en la administración pública. La corrupción y el abuso de poder no solo afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también socavan los principios democráticos que deberían regir el funcionamiento del Estado. Es imperativo que se tomen medidas concretas para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que quienes ocupan cargos públicos actúen con responsabilidad y ética.
La reforma electoral debe ser un proceso inclusivo que involucre a la ciudadanía y a diversos sectores de la sociedad. Es necesario abrir espacios para el debate y la deliberación, donde se puedan discutir propuestas que busquen mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. Solo a través de un enfoque colaborativo se podrá construir un sistema electoral más justo y equitativo.
En este contexto, es vital que la ciudadanía se mantenga informada y activa en la defensa de sus derechos. La participación ciudadana es un pilar fundamental para la construcción de una democracia sólida y funcional. La exigencia de rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción deben ser prioridades para todos los mexicanos. Solo así se podrá avanzar hacia un futuro donde el servicio público sea verdaderamente un medio para el bienestar de la sociedad y no un vehículo para el enriquecimiento personal de unos pocos.
