El reciente rechazo del «Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley» por parte del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes ha puesto de manifiesto las tensiones fiscales que enfrenta Estados Unidos. Este paquete de cambios fiscales, impulsado por el gobierno de Donald Trump, incluía un controvertido impuesto del 5% sobre las remesas enviadas por trabajadores extranjeros. La derrota de esta medida, que podría haber afectado a millones de personas en países con grandes necesidades económicas, representa un alivio temporal para las comunidades migrantes. Sin embargo, la situación es compleja y podría ser un preludio de mayores problemas fiscales.
El rechazo del proyecto no es solo una victoria para las familias que dependen de las remesas, sino que también refleja las divisiones internas dentro del Partido Republicano. Aunque cinco diputados republicanos se opusieron al proyecto, su postura no es necesariamente un indicativo de un cambio en la política fiscal del partido. Estos legisladores, considerados radicales de derecha, están presionando por recortes aún más drásticos en el gasto público, lo que podría llevar a un desmantelamiento de los escasos programas sociales existentes y a despidos en áreas críticas como la ciencia y la protección del medio ambiente.
Mientras tanto, la situación económica de Estados Unidos se complica aún más. La agencia calificadora Moody’s ha decidido rebajar la calificación crediticia del país, un movimiento que se suma a las decisiones similares tomadas por Standard & Poor’s y Fitch. Esta rebaja se debe a un déficit presupuestario creciente, altas tasas de interés y la falta de iniciativas efectivas para equilibrar el gasto con los ingresos. Si se aplicaran los mismos criterios de evaluación a Washington que a otros países en desarrollo, es probable que la calificación crediticia de Estados Unidos fuera aún más baja, dada la falta de control en la emisión de dólares y el aumento de la deuda.
La historia fiscal de Estados Unidos ha estado marcada por el neoliberalismo desde la presidencia de Ronald Reagan. Durante este periodo, el gasto militar ha crecido de manera desproporcionada, acompañado de recortes de impuestos que benefician a los más ricos. Tanto Trump como su sucesor, Joe Biden, han implementado programas de ayuda durante la pandemia que han exacerbado la situación fiscal. En su segundo mandato, Trump amenaza con llevar la situación a un punto crítico, proponiendo nuevas reducciones impositivas y un aumento significativo en el presupuesto de defensa, que podría superar el billón de dólares. La modernización de las fuerzas nucleares, por ejemplo, podría costar otro trillón en la próxima década.
Los esfuerzos de austeridad y eficiencia del gasto promovidos por el trumpismo son, en gran medida, simbólicos y no abordan las necesidades reales de la población. Las políticas fiscales actuales están destinadas a causar un daño significativo a millones de personas, deteriorando aún más la calidad de vida de las mayorías. En comparación con otras naciones desarrolladas, Estados Unidos presenta deficiencias en educación, salud, seguridad social e infraestructura, lo que plantea serias preocupaciones sobre el bienestar de sus ciudadanos.
La magnitud de la economía estadounidense y su posición dominante en el escenario global significan que cualquier crisis fiscal o impago de deuda no solo afectará a la nación, sino que tendrá repercusiones en todo el mundo. La interconexión de las economías globales implica que el empobrecimiento de las mayorías en Estados Unidos podría desencadenar una serie de efectos negativos en otros países, exacerbando la crisis económica global.
En este contexto, es crucial que los legisladores y responsables de políticas públicas consideren las implicaciones de sus decisiones. La lucha por un sistema fiscal más justo y equitativo es más relevante que nunca. La presión para implementar políticas que beneficien a las comunidades más vulnerables debe ser una prioridad, especialmente en un momento en que las tensiones económicas y sociales están en aumento. La historia reciente ha demostrado que las decisiones fiscales no solo afectan a los ciudadanos de un país, sino que también pueden tener un impacto duradero en el bienestar global. Por lo tanto, es esencial que se busquen soluciones sostenibles que equilibren las necesidades de la población con la responsabilidad fiscal.
