La reciente propuesta de gravar las remesas enviadas por migrantes indocumentados en Estados Unidos ha generado un intenso debate sobre la carga tributaria que estos trabajadores enfrentan. Según un informe del Instituto de Tributación y Política Económica (ITEP), los migrantes sin documentos contribuyen significativamente a las arcas fiscales del país, a pesar de no tener acceso a muchos de los servicios públicos que financian. Este artículo explora las implicaciones de esta propuesta y el contexto fiscal en el que se inserta.
La carga tributaria de los migrantes indocumentados es considerable. En el último año, se estima que estos trabajadores aportaron aproximadamente 96 mil 700 millones de dólares en impuestos a diferentes niveles de gobierno en Estados Unidos. Esta cifra es notable, ya que representa casi la mitad de lo que recaudó el Servicio de Administración Tributaria en 2022. De los migrantes indocumentados, se estima que cuatro de cada diez son mexicanos, lo que significa que su contribución es aún más significativa en términos absolutos.
La propuesta de gravar con un 5% las remesas que envían estos trabajadores a sus países de origen, impulsada por el republicano Jason Smith, se suma a una serie de impuestos que ya enfrentan. Este nuevo impuesto no solo aumentaría la carga fiscal, sino que también podría tener efectos adversos en la economía de las comunidades que dependen de estas remesas. Las remesas son una fuente crucial de ingresos para muchas familias en países de América Latina, y cualquier reducción en la cantidad que pueden enviar podría tener repercusiones económicas significativas.
### La Contribución Económica de los Migrantes Indocumentados
Los migrantes indocumentados no solo son contribuyentes fiscales, sino que también desempeñan un papel vital en la economía estadounidense. Según el ITEP, por cada millón de inmigrantes indocumentados, los servicios públicos reciben alrededor de 8 mil 900 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales. Esto se traduce en una contribución promedio de aproximadamente 8 mil 889 dólares por inmigrante en 2022. Para la población mexicana, que se estima en alrededor de 5 millones, esto podría significar una contribución total de aproximadamente 44 mil 445 millones de dólares.
Sin embargo, a pesar de estas contribuciones, los migrantes indocumentados no tienen acceso a muchos de los servicios públicos que financian. Más de un tercio de los impuestos que pagan se destinan a impuestos sobre la nómina, que financian programas de los que no pueden beneficiarse. Esto plantea una cuestión de justicia fiscal, ya que estos trabajadores están asumiendo una carga que no les proporciona ningún retorno en términos de servicios públicos.
Además, el consumo de los migrantes indocumentados también es un motor importante de la economía. Se estima que el consumo representa dos de cada tres dólares de ingresos fiscales en Estados Unidos. Esto significa que, a pesar de no tener un estatus legal, los migrantes indocumentados están contribuyendo a la economía de manera significativa, lo que a su vez beneficia a la sociedad en su conjunto.
### Implicaciones de la Propuesta de Impuesto a Remesas
La propuesta de gravar las remesas podría tener efectos adversos no solo para los migrantes, sino también para las economías de sus países de origen. Las remesas son una fuente vital de ingresos para muchas familias en América Latina, y cualquier reducción en la cantidad que pueden enviar podría tener un impacto devastador en sus economías locales. Esto podría llevar a un ciclo de pobreza más profundo en estas comunidades, afectando su capacidad para acceder a educación, salud y otros servicios básicos.
Además, la propuesta podría tener repercusiones en el mercado laboral estadounidense. Según el Consejo Americano de Inmigración, una deportación masiva de migrantes indocumentados podría reducir la actividad económica entre un 4.2% y un 6.8%. Esto se debe a que los migrantes indocumentados ocupan muchos trabajos esenciales en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. La pérdida de estos trabajadores podría llevar a una escasez de mano de obra y, en última instancia, a un aumento en los precios de bienes y servicios.
Las organizaciones que abogan por los derechos de los migrantes argumentan que mejorar el estatus de los migrantes indocumentados podría ser beneficioso para las arcas públicas. En 2022, seis estados recaudaron más de mil millones de dólares de migrantes sin documentos, con California liderando la lista con 8 mil 500 millones de dólares. Esto demuestra que los migrantes son una parte integral de la economía y que su contribución fiscal es significativa.
En resumen, la propuesta de gravar las remesas de migrantes indocumentados plantea serias preocupaciones sobre la justicia fiscal y el impacto económico tanto en Estados Unidos como en los países de origen de estos trabajadores. A medida que el debate continúa, es crucial considerar las implicaciones más amplias de estas políticas y su efecto en las comunidades que dependen de las remesas para su sustento.
