La reciente orden ejecutiva emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha generado un intenso debate sobre la política de inmigración en el país. Esta medida exige a las ciudades santuario que dejen de proteger a los migrantes considerados «ilegales y peligrosos», lo que ha llevado a una revisión de las políticas locales en varias jurisdicciones. La lista publicada por el DHS incluye ciudades con una gran población mexicana, como Los Ángeles, Phoenix, San Diego, Chicago, Riverside y Nueva York. Esta situación plantea importantes preguntas sobre la seguridad pública, los derechos de los migrantes y el papel de las ciudades en la aplicación de las leyes federales.
La orden ejecutiva, conocida como Orden Ejecutiva 14287, tiene como objetivo principal proteger a las comunidades estadounidenses de lo que el DHS describe como «extranjeros delincuentes». Según la administración, estas ciudades han obstruido deliberadamente la aplicación de las leyes de inmigración, lo que pone en riesgo a sus ciudadanos y a las fuerzas del orden. La medida ha sido recibida con críticas por parte de defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que estas políticas no solo son injustas, sino que también pueden aumentar la desconfianza entre las comunidades inmigrantes y la policía.
### La Población Mexicana en Ciudades Santuario
Se estima que alrededor de 11 millones de mexicanos residen en Estados Unidos, y una gran parte de ellos se encuentra en las ciudades mencionadas anteriormente. Los Ángeles es la ciudad con la mayor población mexicana, con aproximadamente 1.5 millones de residentes de origen mexicano. Otras ciudades como Chicago, Riverside, San Diego y Phoenix también albergan a cientos de miles de mexicanos, lo que subraya la importancia de estas comunidades en el tejido social y económico del país.
De acuerdo con datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), Chicago cuenta con cerca de 600 mil mexicanos, mientras que Riverside tiene alrededor de 560 mil. En San Diego y Phoenix, la cifra se aproxima a los 300 mil en cada ciudad. Nueva York y San Francisco también tienen poblaciones significativas, con aproximadamente 271 mil y 220 mil mexicanos, respectivamente. Sin embargo, es preocupante que se estima que el 45% de estos migrantes reside en el país de manera no autorizada, aunque esta cifra ha disminuido desde 2007, cuando más de 7.7 millones de personas vivían en Estados Unidos sin estatus legal.
La situación de los migrantes mexicanos es compleja. A pesar de ser el grupo de migrantes más numeroso que llegó a Estados Unidos antes del año 2000, tienen menos posibilidades de obtener la ciudadanía estadounidense en comparación con otros grupos. Esto se debe a una combinación de factores, incluyendo las políticas restrictivas de inmigración y la falta de recursos para acceder a los procesos de naturalización.
### Consecuencias de la Nueva Política de Inmigración
La orden ejecutiva no es la única medida que ha afectado a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó un impuesto del 3.5% sobre las remesas que los migrantes envían a sus familias en México. Esta medida ha sido criticada por muchos, quienes argumentan que penaliza a las familias que dependen de estas remesas para su sustento. Las remesas son una fuente crucial de ingresos para millones de familias en México, y este impuesto podría tener un impacto significativo en su bienestar económico.
Además, la presión sobre las ciudades santuario para que cambien sus políticas podría llevar a un aumento en las detenciones y deportaciones de migrantes, lo que generaría un clima de miedo y desconfianza en las comunidades. Los defensores de los derechos de los migrantes advierten que estas políticas pueden hacer que las personas se sientan menos seguras al buscar ayuda de las autoridades, lo que podría tener consecuencias negativas para la seguridad pública en general.
La implementación de estas políticas también plantea desafíos legales. Muchas ciudades santuario han argumentado que tienen el derecho de establecer sus propias políticas de inmigración y que la intervención del gobierno federal es una violación de su autonomía. Este conflicto entre las leyes federales y las políticas locales podría dar lugar a batallas legales prolongadas, lo que complicaría aún más la situación para los migrantes y las comunidades que los apoyan.
En resumen, la nueva orden ejecutiva del DHS representa un cambio significativo en la política de inmigración de Estados Unidos, con implicaciones profundas para las ciudades santuario y las comunidades de migrantes. A medida que estas políticas se implementan, será crucial observar cómo afectan la vida de millones de personas y cómo las ciudades responden a las presiones del gobierno federal.
