La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más preocupantes en México, afectando a millones de ciudadanos y pequeños negocios. En respuesta a esta problemática, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha presentado una iniciativa de reforma constitucional que busca otorgar al Congreso de la Unión la facultad de crear una ley general para la prevención, sanción y persecución de este delito. La propuesta también incluye medidas para la atención de las víctimas, lo que refleja un enfoque integral hacia un problema que ha crecido en complejidad y alcance en los últimos años.
### Contexto de la Extorsión en México
La extorsión ha dejado una huella profunda en la economía y la seguridad de México. Según datos recientes, este delito afecta a aproximadamente 1.3 millones de pequeños y medianos establecimientos, lo que representa un 27.2% de las unidades económicas del país. La situación es alarmante, ya que la extorsión no discrimina; afecta a todos los sectores de la sociedad, desde grandes empresarios hasta amas de casa, estudiantes y comerciantes informales. Este fenómeno ha sido exacerbado por la delincuencia organizada, que ha comenzado a trasladar su enfoque de delitos tradicionales, como el tráfico de drogas, hacia la extorsión, convirtiéndola en una actividad lucrativa y menos arriesgada.
La propuesta de Monreal busca abordar esta situación de manera estructural. Al reformar el artículo 73 de la Constitución Política, se pretende armonizar el marco normativo nacional y fortalecer la respuesta institucional ante este delito. La iniciativa también contempla la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esta colaboración es esencial para crear un enfoque más efectivo y cohesivo en la lucha contra la extorsión, que ha sido un problema persistente en varias entidades federativas.
### Estrategia Nacional contra la Extorsión
El anuncio de una estrategia nacional contra la extorsión, liderada por los titulares de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, ha sido un paso significativo en la lucha contra este delito. Esta estrategia se implementará en ocho entidades federativas que concentran casi el 70% de los casos de extorsión en el país. La colaboración entre las autoridades es crucial para desarticular las redes delictivas que operan en estas regiones y para ofrecer un apoyo efectivo a las víctimas.
Ricardo Monreal ha enfatizado que la extorsión no solo es un problema de seguridad, sino también un desafío social y económico. La percepción de inseguridad que genera este delito afecta la confianza de los ciudadanos y puede desincentivar la inversión en negocios locales. Por lo tanto, es fundamental que la nueva legislación no solo se enfoque en la sanción de los delincuentes, sino también en la prevención y la atención a las víctimas.
La propuesta de reforma también busca optimizar el uso de recursos y asegurar un acceso igualitario a la justicia. Esto es especialmente relevante en un país donde las desigualdades sociales pueden influir en la capacidad de las víctimas para buscar ayuda y protección. La creación de un marco legal robusto y coherente podría facilitar la denuncia de estos delitos y garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario para recuperarse de sus experiencias traumáticas.
La extorsión ha sido un tema recurrente en la agenda política de México, y la iniciativa de Monreal es un intento de abordar un problema que ha sido históricamente ignorado o minimizado. La implementación de una ley general en esta materia podría marcar un cambio significativo en la forma en que se aborda la extorsión en el país, proporcionando herramientas legales más efectivas para combatir este delito y proteger a las víctimas.
La lucha contra la extorsión es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno, la creación de un marco legal sólido y la atención a las víctimas son elementos clave para abordar este problema de manera efectiva. La iniciativa de reforma presentada por Morena es un paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de la voluntad política y de la capacidad de las autoridades para implementar las medidas necesarias para combatir la extorsión en México.
