La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión histórica al instar al gobierno de Estados Unidos a reabrir la investigación sobre la muerte de Anastasio Hernández Rojas, un migrante mexicano que fue asesinado por agentes de la Patrulla Fronteriza en mayo de 2010. Este fallo marca un hito en la responsabilidad internacional de Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales, un tema que ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años.
La resolución fue anunciada en una conferencia de prensa en San Diego, California, por los abogados de la familia de Hernández Rojas, quienes han luchado incansablemente por justicia. Roxanna Altholz, directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos de la Universidad de California Berkeley y abogada de la familia, destacó que esta es la primera vez que la CIDH determina la responsabilidad internacional de Estados Unidos en un caso de este tipo. La CIDH concluyó que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) torturaron y mataron a Hernández Rojas, y que la investigación inicial fue incompleta e imparcial, negando justicia a su familia.
La muerte de Hernández Rojas fue clasificada como homicidio por el médico forense de San Diego. Durante el incidente, se reporta que al menos una docena de agentes lo golpearon repetidamente y le aplicaron descargas eléctricas mientras estaba esposado y sometido, lo que ha generado una fuerte indignación tanto a nivel nacional como internacional. La viuda de Hernández Rojas, María Puga, expresó su dolor y agradecimiento a la CIDH, señalando que la resolución es un regalo para su difunto esposo, quien cumpliría 57 años el 2 de mayo.
La importancia de este fallo no solo radica en el caso específico de Hernández Rojas, sino que también establece un precedente para otros casos de muertes a manos de agentes fronterizos. Andrea Guerrero, directora ejecutiva de la organización civil Alianza San Diego, subrayó que este fallo es significativo a nivel internacional, ya que es la primera vez que la CIDH emite una resolución de este tipo contra Estados Unidos. Guerrero, quien representó a la familia en su búsqueda de justicia, destacó que la CIDH ha declarado a Estados Unidos responsable no solo del asesinato, sino también del encubrimiento posterior.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, una investigación interna de la CBP exoneró a los 12 oficiales implicados en el ataque. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos accedió a indemnizar a los hijos menores de edad de Hernández Rojas, lo que ha generado críticas sobre la falta de responsabilidad penal para los agentes involucrados. La abogada Altholz enfatizó que el caso de Hernández Rojas puede servir como una hoja de ruta para otros casos similares, donde se ha acusado a oficiales de uso excesivo de la fuerza en la frontera.
Hernández Rojas, quien era un pequeño empresario de mantenimiento de albercas en el condado de San Diego, había vivido en Estados Unidos durante más de 20 años y era padre de cinco ciudadanos estadounidenses. Su historia resuena con muchas otras de migrantes que han enfrentado situaciones similares en la frontera. La lucha de su familia por justicia ha sido un ejemplo de resiliencia y determinación, y su caso ha atraído la atención de diversas organizaciones de derechos humanos que abogan por un cambio en la forma en que se manejan las políticas migratorias en Estados Unidos.
La CIDH ha instado a Estados Unidos a tomar medidas concretas para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y justas en casos de muertes de migrantes a manos de agentes fronterizos. La presión internacional sobre el gobierno estadounidense para que rinda cuentas por estos actos de violencia es más relevante que nunca, especialmente en un contexto donde las políticas migratorias continúan siendo un tema candente en la agenda política.
El caso de Anastasio Hernández Rojas es un recordatorio de la necesidad de proteger los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus legal. La CIDH ha dejado claro que la impunidad no puede ser la norma, y que es fundamental que se tomen medidas para prevenir futuros abusos. La lucha por justicia en este caso es un paso hacia la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
