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La Comunidad de Madrid halla 200 contratos con el 1% para la financiación del PP de Aguirre



La
arquitectura


fraudulenta

del

PP

de

Madrid
para financiarse irregularmente entre 2004 y 2014 estaba tan implantada y asumida que, a pesar de los cambios en la dirección del partido y de los juicios abiertos en contra de muchos de los implicados, el contemporáneo Gobierno regional ha detectado cerca de 167 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda relacionados con la cláusula del 1% que investiga el mediador del caso Púnica. Un impuesto extra para campañas publicitarias que en la vida llegaban a realizarse por el montante total, pasando a la
caja oculta del PP
.

La ristra de irregularidades -originalmente circunscrita a contratos relacionados con la Sanidad con una mordida superior a los 3 millones de euros- ha sido destapada por el agrupación parlamentario de la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos Izquierda Unida posteriormente de analizar la documentación relacionada con este tipo de contratos públicos tras una pregunta formal en la Cámara regional. En la respuesta registrada el pasado 19 de noviembre, adelantada por la Cautiverio Ser, el Gobierno regional detalla la existencia de más de casi dos centenares de contratos entre 2009 y 2013 en los que figuraría el mecanismo que, según el coche del mediador de la Audiencia Doméstico, Manuel García Castellón, utilizó el PP supuestamente para financiarse irregularmente.









Dicha cláusula obligaba a las empresas adjudicatarias de contratos de obras de la Comunidad a destinar un 1% del presupuesto de la obra en concepto de publicidad y a contratar a una empresa para promocionarlas, si proporcionadamente la investigación legal apuntaba que ese sistema pudo servir para financiar al PP madrileño.

La mayoría de los contratos que contenían esa cláusula y que se enumeran en la respuesta del Gobierno regional a la diputada de IU en la Asamblea madrileña Sol Sánchez, están vinculados a obras en carreteras autonómicas. Adicionalmente, algunos de ellos están relacionados directamente con la empresa Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte) que fue extinguida en el año 2011. No obstante, el Ejecutante madrileño asegura en su respuesta que “no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas” que contuvieran esa misma cláusula.

Unidas Podemos aplazamiento que la Audiencia Doméstico amplíe su investigación, aunque no descarta personarse a la Fiscalía Anticorrupción de ser necesario. Adicionalmente, desde el Parlamento madrileño seguirán exigiendo las facturas para conocer el monto, según ha explicado a Efe Sol Sánchez, portavoz adjunta del agrupación parlamentario.

La diputada autonómica de Izquierda Unida considera “tremendamente severo” que durante la crisis económica “mientras la muchedumbre lo estaba pasando mal aquí algunos estaban utilizando la contratación pública y las externalizaciones para, habrá que probarlo, financiarse. Eso sí que era un chiringuito”.

”¿Cómo un 1 % se puede reservar para publicidad en un acuerdo para desratización de edificios? ¿Qué hacían? ¿Una nota de prensa cada vez que acaban con una rata? No se sostiene”, subraya Sánchez.









El mediador del caso Púnica estima que la caja B del PP madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre y mediante varios mecanismos, uno de ellos el del llamado 1%. Así consta en el coche de imputación de Aguirre, donde señala que esa cláusula se introdujo en contratos de ocho consejerías, como la de Sanidad, y da una cantidad total aproximada de 5 millones de euros desviados de esta forma entre 2006 y 2008.


172,5 millones para empresas vinculadas a las tramas Gürtel y Púnica





Los Gobiernos del PP de Esperanza Aguirre e Ignacio González firmaron entre 2008 y 2015 un total de 1.179 contratos con empresas vinculadas a las tramas de corrupción Gürtel y Púnica, por un precio de
172,5 millones de euros
. Así lo desvela el mensaje de fiscalización de la Cámara de Cuentas pulido a solicitud de la Asamblea de Madrid sobre la contratación realizada por el Ejecutante madrileño durante ese periodo, a través de 185 empresas investigadas por la Audiencia Doméstico.

El citado organismo concluye, por otra parte, que los Gobiernos del PP en estos siete primaveras cerraron 50 contratos mayores por un precio de 133.689.256 euros con 23 empresas relacionadas con la Gürtel, de los cuales el 90 % fueron obras.










El ‘cobro extra del 1%’ estaba inicialmente destinado para campañas publicitarias que en la vida llegaban a realizarse por el montante total, pasando automáticamente a la caja oculta del PP
















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