En el norte del Estado de México, la actividad huachicolera ha tomado un giro alarmante, con un incremento en las extracciones ilegales de hidrocarburos que afectan tanto a la economía como a la seguridad de la región. Esta problemática ha llevado a las autoridades a implementar operativos conjuntos para combatir el robo de combustible, que se ha convertido en un fenómeno complejo y multifacético.
**Zonas Críticas y Operativos Recientes**
Los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Huehuetoca y Ecatepec se han identificado como los principales focos de extracción ilícita de hidrocarburos. En estos lugares, tanto particulares como grupos delictivos realizan acometidas ilegales a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), utilizando métodos sofisticados como túneles y tomas clandestinas. Recientemente, un operativo conjunto llevado a cabo el 29 de junio de 2025 resultó en la captura de 32 personas, incluyendo líderes de redes criminales. Durante este operativo, las autoridades aseguraron 12 inmuebles utilizados como centros de operaciones, así como una impresionante cantidad de vehículos y equipo, que incluía tractocamiones, pipas y armas.
El operativo no solo se centró en la captura de delincuentes, sino también en la recuperación de bienes robados y la desarticulación de redes que operan en la clandestinidad. Este tipo de acciones son cruciales para frenar el avance del huachicol, que no solo afecta a Pemex, sino que también pone en riesgo la seguridad de las comunidades locales.
**Impacto Ambiental y Social**
El robo de hidrocarburos no solo tiene implicaciones económicas, sino que también genera un impacto ambiental significativo. Un caso emblemático fue el incendio en el manantial de Mexicaltongo, que abastece de agua a 6,000 habitantes de la región. Este incidente, que ocurrió en las últimas semanas de 2023, levantó alarmas sobre la contaminación que puede derivarse de la extracción ilegal de combustibles. Las autoridades de Pemex trabajaron arduamente para contener el daño, lo que sugiere que el hidrocarburo que se fugó podría haber provenido de una toma clandestina.
La situación es aún más preocupante cuando se considera que, según el informe “Sostenibilidad 2024” de Pemex, se detectaron 54 túneles utilizados para la extracción ilegal de hidrocarburos, de los cuales 18 se encontraban en el Estado de México. Estos túneles representan una nueva y peligrosa forma de operar para los grupos delictivos, complicando aún más la labor de las autoridades. La clausura de estos túneles ha permitido recuperar hasta 18.3 millones de litros de carburante, lo que evidencia la magnitud del problema.
Además, el informe revela que se han presentado más de 6,000 denuncias por robo de hidrocarburos en 2024, lo que refleja la creciente preocupación de Pemex y las autoridades sobre la seguridad de sus instalaciones y la integridad de sus productos. La estrategia de combate implementada ha logrado reducir la extracción diaria promedio a 9.1 mil barriles entre 2019 y 2024, lo que representa una disminución del 84% respecto a los 56 mil barriles registrados en 2018.
**Colaboración Interinstitucional**
La lucha contra el robo de hidrocarburos requiere de un enfoque colaborativo entre diversas instituciones. La Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y las Secretarías de Seguridad estatal y federal han trabajado en conjunto para llevar a cabo operativos que buscan desmantelar las redes delictivas. Esta colaboración ha permitido no solo la captura de delincuentes, sino también la recuperación de bienes y la protección del medio ambiente.
El análisis de las empresas importadoras de hidrocarburos en el norte del país, realizado por Pemex, ha sido fundamental para identificar a los líderes de bandas criminales y llevar a cabo arrestos significativos. Este tipo de inteligencia es crucial para desarticular las operaciones de los grupos delictivos y prevenir futuros robos.
La situación en el norte del Estado de México es un claro ejemplo de cómo el robo de hidrocarburos puede tener repercusiones profundas en la seguridad, la economía y el medio ambiente. La respuesta de las autoridades es vital para mitigar estos efectos y garantizar la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades locales. La lucha continúa, y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil será clave para erradicar este problema de raíz.
