La reciente operación policial en la favela Complexo da Penha, en Río de Janeiro, ha desatado una ola de indignación y horror en Brasil y más allá. Este operativo, que involucró a 2,500 efectivos de la policía militar, se llevó a cabo con el objetivo declarado de frenar la expansión del Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos del país. Sin embargo, lo que se presentó como una acción de seguridad ha resultado ser una de las masacres más atroces en la historia moderna de Brasil, con un número de víctimas que ha alcanzado cifras alarmantes.
### Un Operativo Mortal
El operativo, que se desarrolló en un contexto de creciente violencia y criminalidad en Río de Janeiro, comenzó con la intención de desmantelar las operaciones del Comando Vermelho. Con el respaldo de vehículos blindados, helicópteros y drones, las fuerzas policiales se enfrentaron a criminales armados en las calles de la favela, que alberga a aproximadamente 200,000 personas. Inicialmente, las autoridades informaron de 64 muertes, incluyendo al menos cuatro policías, lo que ya lo posicionaba como el operativo más mortífero en la historia de la ciudad. Sin embargo, la cifra se disparó cuando los residentes comenzaron a encontrar cuerpos en áreas boscosas cercanas, elevando el número total de muertes a 132.
Este trágico episodio ha sido comparado con la masacre de 1992 en São Paulo, donde la policía militar ejecutó a 111 reclusos durante un motín penitenciario. Sin embargo, la brutalidad de los hechos en Complexo da Penha ha superado cualquier comparación, ya que se han encontrado evidencias de tortura, ejecuciones sumarias y violencia extrema, incluyendo decapitaciones. Estos actos no solo reflejan la brutalidad de las fuerzas policiales, sino también un sistema que ha normalizado la violencia como respuesta a la criminalidad.
### La Deshumanización y el Populismo Penal
La masacre en Complexo da Penha pone de manifiesto un fenómeno más amplio en Brasil: la deshumanización de las comunidades más vulnerables y la criminalización de la pobreza. La respuesta del gobierno, encabezado por el gobernador Cláudio Castro, ha sido calificar el operativo como un «éxito», lo que revela una degradación moral alarmante. En lugar de abordar las raíces de la criminalidad, los políticos han optado por medidas de mano dura que solo perpetúan el ciclo de violencia y sufrimiento.
El uso del populismo penal, que implica el uso de la violencia estatal y penas desproporcionadas para ganar apoyo popular, ha sido una estrategia común entre los líderes de derecha en Brasil. Esta lógica no busca resolver los problemas estructurales que alimentan la delincuencia, sino que desvía la atención de los crímenes de cuello blanco y de las desigualdades económicas que afectan a la población. La historia reciente de Brasil ha demostrado que este enfoque no conduce a la seguridad ni a la paz social, sino que deja un rastro de víctimas inocentes y comunidades devastadas.
La situación se complica aún más para el presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en una posición difícil. Moral e institucionalmente, se espera que repudie la masacre y tome medidas para investigar a las autoridades involucradas, especialmente al gobernador Castro. Sin embargo, cualquier crítica a la brutalidad policial podría desencadenar una reacción violenta por parte de la derecha mediática, que ha estado alimentando un clima de miedo y odio hacia las comunidades más desfavorecidas.
La brutalidad policial en Brasil no es un fenómeno aislado; es parte de un patrón más amplio de violencia institucional que ha sido normalizado en el discurso político. La narrativa que presenta a la policía como defensora del orden y la seguridad, a menudo a expensas de los derechos humanos, ha llevado a una aceptación tácita de la violencia como herramienta de control social. Esto plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia en Brasil y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos sin recurrir a la violencia.
### La Necesidad de un Cambio de Paradigma
Es fundamental que la sociedad brasileña reflexione sobre el papel de la policía y la justicia en la construcción de un Estado de derecho. La función de las fuerzas policiales no debería ser la de ejecutar justicia por mano propia, sino la de prevenir el delito, identificar a los presuntos delincuentes y llevarlos ante la justicia. La fuerza letal debe ser un recurso excepcional, utilizado solo en situaciones donde la vida de terceros esté en peligro inminente.
La masacre de Complexo da Penha debe servir como un llamado a la acción para todos los sectores de la sociedad. Es imperativo que se condene la barbarie y se exija una investigación exhaustiva sobre el papel de las autoridades involucradas. La falsa dicotomía entre combatir la delincuencia y sancionar la brutalidad policial debe ser rechazada de manera contundente. Permitir que la violencia policial se justifique en nombre de la seguridad solo conducirá a un Estado que actúa como verdugo en lugar de protector.
La historia de Brasil está marcada por ciclos de violencia y represión, pero también por la resistencia y la lucha por la justicia. La tragedia de Complexo da Penha puede ser un punto de inflexión si la sociedad se une para exigir un cambio real. La construcción de un futuro más justo y equitativo requiere un compromiso colectivo para desafiar la normalización de la violencia y trabajar hacia un modelo de seguridad que respete los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.
