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Madrid vuelve a recurrir la anulación de la venta de 3.000 casas de vpo a fondos buitre



La Comunidad de Madrid ha vuelto a acogerse delante el Tribunal Supremo la anulación de la

venta

de casi 3.000

viviendas


públicas
por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Azora, en 2013.

La construcción de estas 2.935 viviendas públicas -32 promociones en 11 municipios- fue auspiciada por la expresidenta Esperanza Aguirre quien las publicitó como soluciones en régimen de alquiler, inquilinato con derecho a saldo para jóvenes, y inquilinato con derecho a saldo en común. Su reto, no obstante, duró poco ya que en 2013, con las arcas públicas menguadas por la crisis, su delfín, Ignacio González, firmó su saldo al fondo Encasa Cibeles por 201 millones.











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Se negociación de una situación que los abogados de los afectados ya esperaban aunque no por ello han dejado de despellejar. “Hay que tener poca vergüenza y ganas de seguir alargando la sufrimiento de miles de familias para seguir recurriendo lo que ya ha dejado el Tribunal Supremo más claro que el agua: la saldo de la vivienda pública fue irregular y debe anularse en su totalidad”, ha señalado en sus redes sociales Alejandra Jacinto.

En diciembre pasado, el Supremo inadmitió los fortuna de casación interpuestos por la Comunidad y Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Conciencia de Madrid (TSJM) que anuló esa operación, llevada a extremo durante el Gobierno de Ignacio González (PP).

La Sección Octava del TSJM que lo revocó elevó el valencia de la saldo inmobiliaria a 200 millones de euros.











Equitativamente, el expediente de la Leyes Universal de la Comunidad de Madrid, fechado el 13 de enero de 2020 y al que ha tenido ataque Europa Press, pretende que se admita el expediente que presentó el Ejecutor regional y que fue rechazado por el Supremo el mes pasado al considerar el Tribunal que el asunto no requería de su pronunciamiento.

La Leyes subraya que este procedimiento afecta a miles de personas y no se ha producido, pese a haberse solicitado, un pronunciamiento sobre el magnitud del equivocación y sobre la penuria de emplazamiento de los terceros interesados, por lo que es “indispensable” que el Supremo dictamine al respecto.

En sus alegaciones, la Comunidad entiende que dicho coche adolece de “graves vicios” y plantea que los enseres de una anulación solo deben afectar al alquilado, “cuyo interés genuino es que se anule la saldo de su vivienda y no la de terceros, que ni han recurrido e incluso han comprado su vivienda de global acuerdo con el adjudicatario”.

Solo uno de los inquilinos de estas viviendas, Rachid Boukoui, recurrió delante el TSJM la saldo del Ivima, que falló a su confianza en 2018 y anuló la transmisión del arreglo de inquilinato del demandante, lo que es un precedente para el resto de familias en la misma situación.









En definitiva, sostiene la Leyes en su expediente, el razonamiento empleado por el coche del 29 de noviembre (certificación para acogerse al modificarse el régimen forense de la vivienda, que pasa de conocido a privado) resulta extraño a la cuestión suscitada -alcance de los enseres de la sentencia- y luego no puede ser empleado como argumento para inadmitir la casación.

Recuerda que la Comunidad solicitó al TSJC y a posteriori al Supremo el magnitud de una sentencia estimatoria, es asegurar, si la bienvenida de un expediente que interpone uno de los ocupantes de las 2.935 viviendas, afecta y supone la inepto de la transmisión de todas las demás o solo afecta al recurrente.


Solo uno de los inquilinos recurrió delante el TSJM la saldo del Ivima, pero es un precedente para el resto de familias en la misma situación


















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