Recientemente, el Comité de Administración del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una modificación significativa en la política de gastos médicos para los diputados mayores de 70 años. Esta decisión, que fue tomada por unanimidad y sin discusión, establece que en caso de que un legislador de esta edad sea rechazado por una aseguradora, el Congreso cubrirá los gastos médicos hasta un monto de 2 millones de pesos. Esta medida busca garantizar que los representantes del pueblo tengan acceso a la atención médica necesaria, especialmente en una etapa de la vida donde la salud puede ser más frágil.
La propuesta, que entrará en vigor a partir de este año, fue impulsada por la diputada local de Morena, Reyna Reyes. Durante la sesión del Comité, Reyes abandonó la reunión al notar la presencia de la prensa, lo que generó cierta controversia. Sin embargo, su propuesta fue defendida por otros legisladores, quienes argumentaron que es un acto humano que busca asegurar la cobertura de salud para todos los diputados, especialmente aquellos que, debido a su edad, podrían enfrentar dificultades para obtener un seguro médico.
### Detalles de la Nueva Propuesta
La modificación aprobada no solo se limita a los diputados mayores de 70 años, sino que también abre la posibilidad de que otros miembros del personal legislativo en la misma situación puedan beneficiarse de esta cobertura. Según Heriberto Treviño, coordinador del PRI, la medida es un paso hacia la inclusión y la sensibilidad hacia las necesidades de los legisladores mayores. «Hay aseguradoras que no aseguran a una persona de edad avanzada, y creo que aquí es un acto humano para que todos los diputados tengamos la cobertura de seguridad social», comentó Treviño.
La propuesta establece que, si un diputado mayor de 70 años enfrenta un problema médico que no es cubierto por su aseguradora, deberá pagar inicialmente los gastos médicos y luego el Congreso le reembolsará la cantidad correspondiente. Por ejemplo, si un legislador tiene un gasto médico de 300 mil pesos, deberá cubrirlo de su bolsillo y posteriormente solicitar el reembolso al Congreso. Esta medida busca no solo proteger a los legisladores, sino también asegurar que tengan acceso a la atención médica que necesitan sin enfrentar barreras económicas.
La modificación también incluye la autorización para la contratación de seguros de gastos médicos mayores para los diputados y titulares de diversas áreas dentro del Congreso, como la Oficialía Mayor y la Tesorería. Esto se traduce en una suma asegurada sin límite en caso de enfermedades o accidentes, lo que representa un avance significativo en la protección de la salud de los funcionarios públicos en Nuevo León.
### Implicaciones y Reacciones
La aprobación de esta medida ha generado diversas reacciones entre los legisladores y la sociedad en general. Algunos ven esta decisión como un paso positivo hacia la inclusión y la protección de los derechos de los adultos mayores, mientras que otros critican la necesidad de que los funcionarios públicos tengan que depender de un reembolso para cubrir sus gastos médicos. La discusión sobre la ética de este tipo de beneficios para los legisladores también ha surgido, especialmente en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud adecuados.
Además, la modificación se produce en un momento en que la atención médica y la seguridad social son temas candentes en la agenda pública. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las deficiencias en los sistemas de salud y la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, tengan acceso a atención médica de calidad. La medida aprobada en Nuevo León podría servir como un modelo para otras entidades que buscan mejorar la cobertura de salud para sus legisladores y empleados.
En resumen, la reciente aprobación de la cobertura médica para diputados mayores de 70 años en Nuevo León representa un avance en la protección de la salud de los funcionarios públicos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la equidad y la ética en la asignación de recursos para la atención médica de los legisladores. A medida que esta medida se implemente, será importante observar cómo afecta a los diputados y al personal legislativo, así como su impacto en la percepción pública sobre la responsabilidad de los funcionarios en el ámbito de la salud.
