Recientemente, un grupo de expertos y legisladores se reunió en un foro organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa presidencial de Ley de Telecomunicaciones. Durante este evento, se manifestaron serias preocupaciones sobre los posibles riesgos que esta legislación podría representar para la libertad de expresión en el país. La consejera de la asociación A Favor de lo Mejor, María Lizárraga Iriarte, fue una de las voces más críticas, señalando que las nuevas facultades que se pretenden otorgar a la Agencia de Transformación Digital podrían llevar a la suspensión de transmisiones bajo criterios que podrían considerarse arbitrarios.
La preocupación principal radica en que estas medidas, que se justifican como necesarias para regular el contenido en los medios de comunicación, podrían resultar en una restricción de los derechos de las audiencias. Lizárraga Iriarte argumentó que la ley no solo afecta a los servicios de televisión pública y de paga, sino que también ignora a quienes consumen contenido a través de plataformas digitales. Esto podría crear una asimetría en el sector, generando vacíos legales y potenciales violaciones a los derechos de ciertos grupos de audiencia.
Por su parte, Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación e Información Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, también expresó su inquietud. Criticó la idea de que la Agencia de Transformación Digital actúe como un “vigilante” de la información, sugiriendo que la distinción entre hechos y opiniones no es tan sencilla como la ley podría pretender. Según él, esta regulación podría ser peligrosa, ya que podría llevar a una censura encubierta bajo la premisa de proteger a las audiencias.
Luis Enrique Pereda, del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, subrayó la importancia de la libertad de expresión en el contexto de esta discusión. En un país donde ejercer el periodismo puede ser más arriesgado que en zonas de conflicto armado, Pereda enfatizó que es crucial defender este derecho fundamental. La libertad de expresión no solo es un pilar de la democracia, sino que también es esencial para el desarrollo de una sociedad informada y crítica.
La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones también ha generado inquietudes en el ámbito empresarial. Juan de Dios Barba Nava, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex, advirtió que la aprobación de esta legislación podría acarrear sanciones, especialmente considerando que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige un órgano regulador independiente. Esto añade una capa de complejidad a la discusión, ya que las empresas deben navegar no solo las regulaciones nacionales, sino también las internacionales.
El legislador panista Miguel Ángel Monraz, quien preside la Comisión de Radio y Televisión, hizo un llamado a sus colegas senadores de Morena para que consideren las opiniones de los expertos que participaron en el foro. Monraz expresó su preocupación de que las voces de estos especialistas puedan ser ignoradas en el proceso legislativo. Hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que retire la propuesta actual y presente una nueva iniciativa que realmente garantice la libertad de expresión y el derecho a la información.
Este foro ha puesto de manifiesto la necesidad de un debate más amplio y profundo sobre la Ley de Telecomunicaciones. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido, y cualquier legislación que busque regular los medios de comunicación debe hacerlo de manera que no comprometa este derecho. La discusión sobre la reforma de telecomunicaciones no solo es relevante para los medios, sino que también tiene implicaciones significativas para la sociedad en su conjunto. La forma en que se maneje esta legislación podría definir el futuro del periodismo y la comunicación en México, y es esencial que se escuchen todas las voces involucradas en este proceso.
