La reciente intervención del ex presidente Ernesto Zedillo en el debate sobre la reforma judicial en México ha reavivado viejas controversias sobre su legado y las decisiones que tomó durante su mandato. Zedillo, quien ha permanecido en silencio durante un tiempo considerable, ha expresado su preocupación por las propuestas que buscan democratizar el Poder Judicial, un tema que parece tocar fibras sensibles en su trayectoria política. Esta reforma busca, entre otras cosas, permitir que los ciudadanos elijan a sus jueces, una idea que Zedillo ha calificado de peligrosa, sugiriendo que podría llevar a una tiranía en lugar de a una democracia más robusta.
La crítica de Zedillo no es sorprendente, dado que su administración fue responsable de una de las transformaciones más significativas en el sistema judicial mexicano. En diciembre de 1994, en un periodo de crisis económica, Zedillo impulsó reformas que remodelaron el Poder Judicial a su antojo, removiendo a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombrando a nuevos jueces que respondían a sus intereses y a los de los grandes capitales. Este movimiento, que se realizó en un contexto de crisis y descontento social, ha sido visto por muchos como un golpe de Estado encubierto que dejó al país con un sistema judicial debilitado y vulnerable a la corrupción.
La estrategia de Zedillo se asemeja a la doctrina del shock, donde las crisis se utilizan como una oportunidad para implementar cambios drásticos sin la oposición de la ciudadanía. La devaluación del peso en 1994, que llevó a millones de mexicanos a la pobreza, fue un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias devastadoras para la población. Mientras los grandes capitales se beneficiaban de la información privilegiada, los ciudadanos comunes enfrentaban el desempleo y la pérdida de sus hogares. Este contexto ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de las reformas que Zedillo implementó y su impacto en la justicia social en México.
### La sombra del Fobaproa y sus repercusiones
Uno de los legados más controvertidos de la administración de Zedillo es el rescate bancario conocido como Fobaproa. Este programa, que se implementó para salvar a la banca mexicana de un colapso inminente, ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y por el impacto que tuvo en la deuda pública. A pesar de que se justificó como una medida necesaria para evitar un desastre financiero mayor, muchos argumentan que el rescate benefició a un pequeño grupo de empresarios a expensas de la población en general.
La historia ha demostrado que el costo de este rescate ha sido exorbitante. La deuda que se generó a raíz de la nacionalización de la deuda privada ha crecido a niveles insostenibles, afectando a generaciones de mexicanos que aún hoy sufren las consecuencias de esas decisiones. La falta de claridad sobre quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de este rescate ha alimentado la percepción de que se trató de una operación mafiosa, donde el interés de unos pocos prevaleció sobre el bienestar de la mayoría.
Los ciudadanos que vivieron la crisis de 1994 recuerdan vívidamente cómo sus vidas cambiaron de la noche a la mañana. La quiebra de negocios, el aumento de la pobreza y el sufrimiento personal se convirtieron en la norma para millones de mexicanos. Las tasas de interés desorbitadas y la carga de la deuda se convirtieron en una pesada losa que aún hoy afecta a la economía del país. Este contexto ha llevado a muchos a cuestionar la autoridad moral de Zedillo para criticar la actual administración y su enfoque hacia la reforma judicial.
### La crítica a la democracia y el papel de la ciudadanía
La defensa de Zedillo de un sistema judicial que no permite la elección popular de jueces plantea interrogantes sobre su visión de la democracia. Para muchos, la idea de que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes en el ámbito judicial es un paso hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, Zedillo parece ver esta propuesta como una amenaza a la estabilidad del sistema, lo que refleja una concepción elitista de la democracia, donde solo unos pocos son considerados capaces de tomar decisiones en nombre de la mayoría.
La crítica de Zedillo también revela una desconexión con la realidad que viven muchos mexicanos. La desconfianza en el sistema judicial es palpable, y la corrupción y el tráfico de influencias han socavado la credibilidad de las instituciones. En este sentido, la reforma judicial no solo es una cuestión de política, sino una necesidad urgente para restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema. La participación activa de los ciudadanos en la elección de sus jueces podría ser un paso crucial para lograr un sistema más justo y equitativo.
La intervención de Zedillo en este debate no solo pone de manifiesto su preocupación por la reforma judicial, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre el legado de su administración y las lecciones que se pueden aprender de su historia. La búsqueda de una justicia más democrática y accesible es un objetivo que debería ser prioritario para cualquier gobierno que aspire a representar verdaderamente a su pueblo.
