La reciente propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales en México, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca abordar problemas críticos relacionados con el manejo del agua en el país. Esta iniciativa tiene como objetivo principal erradicar el mercado negro de concesiones y el robo de agua, situaciones que han comprometido la disponibilidad y el acceso al agua como un derecho humano fundamental. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado que la reforma es necesaria para actualizar un marco normativo que ha permanecido prácticamente sin cambios desde 1992, y que ha permitido la proliferación de irregularidades en la concesión y uso de este recurso vital.
### Problemas Actuales en la Gestión del Agua
Uno de los aspectos más preocupantes que ha salido a la luz es el número alarmante de títulos de concesión que presentan irregularidades. Según Óscar Zavala Gamboa, subdirector General de Asuntos Jurídicos de Conagua, se han detectado cerca de 59 mil irregularidades en los títulos de concesión que están siendo revisados por la administración actual. Este problema se agrava por la existencia de acuíferos que están sobreexplotados, donde se han otorgado concesiones que superan hasta tres veces la capacidad de agua disponible. La situación es crítica, ya que el agua es un recurso escaso y esencial para la vida, la agricultura y la industria.
La reforma propuesta incluye la creación de un capítulo de delitos hídricos, que busca tipificar y sancionar adecuadamente las conductas ilícitas relacionadas con el agua. Actualmente, muchos de estos delitos no están claramente definidos en el Código Penal Federal, lo que dificulta su persecución y castigo. Por ejemplo, la falsificación de títulos de concesión y la asignación irregular de estos permisos son prácticas que han proliferado debido a la falta de un marco legal específico que las contemple. La nueva iniciativa busca cerrar estas lagunas legales y establecer penas más severas para quienes incurran en estos delitos.
### Cambios Propuestos en la Nueva Iniciativa
Entre los cambios más significativos que se proponen en la reforma se encuentra la eliminación de los bancos de agua, una figura que ha sido criticada por su enfoque mercantilista. En lugar de permitir que particulares gestionen la asignación del agua, la reforma establece un nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Este fondo tiene como objetivo recuperar volúmenes de agua y reasignarlos de manera más eficiente, asegurando que el agua se utilice donde más se necesita. La idea es que la Comisión Nacional del Agua asuma un papel más activo en la gestión y distribución de este recurso, alejándose de un modelo que ha permitido la especulación y el abuso.
Además, la reforma propone aumentar las sanciones por infracciones a la Ley de Aguas Nacionales, elevando las multas de 260 unidades de medida y actualización hasta 50 mil. Este cambio busca disuadir a aquellos que operan en el mercado negro y a quienes se benefician de la extracción ilegal de agua. La implementación de penas más severas es un paso crucial para garantizar que se respeten las normativas y se proteja el recurso hídrico.
La propuesta también incluye la tipificación de delitos relacionados con el transporte de agua proveniente de actividades ilegales, como el huachicoleo, que se refiere a la extracción ilegal de agua de pozos o tuberías. Este tipo de actividades no solo afectan la disponibilidad de agua, sino que también ponen en riesgo la salud de los ecosistemas y de las comunidades que dependen de estos recursos.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales es un intento por parte del gobierno de abordar de manera integral los problemas que enfrenta el sector hídrico en México. La falta de regulación y la corrupción han permitido que el agua, un recurso esencial, sea tratado como una mercancía en lugar de un derecho. La nueva iniciativa busca revertir esta tendencia y establecer un marco normativo que garantice el acceso equitativo al agua para todos los mexicanos.
La propuesta de la presidenta Sheinbaum es un llamado a la acción para todos los sectores de la sociedad, desde los ciudadanos hasta las empresas y los gobiernos locales, para que trabajen juntos en la conservación y gestión sostenible del agua. La implementación de esta reforma será crucial para asegurar que las futuras generaciones tengan acceso a este recurso vital y para proteger los ecosistemas que dependen de él. La gestión del agua es un desafío complejo que requiere un enfoque colaborativo y una voluntad política firme para lograr cambios significativos y duraderos en la forma en que se utiliza y se distribuye este recurso en México.
