La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado su intención de proponer reformas significativas para combatir la evasión fiscal en México, especialmente en lo que respecta a las empresas que emiten facturas por operaciones inexistentes o simuladas. Este fenómeno no solo afecta la recaudación de impuestos, sino que también socava la confianza en el sistema fiscal del país. En un contexto donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reportado un incremento del 7.2% en la recaudación durante los primeros siete meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, la mandataria considera que es posible aumentar los ingresos tributarios sin necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes.
La administración anterior, liderada por Andrés Manuel López Obrador, implementó auditorías que resultaron en un notable aumento en la recaudación de impuestos de los grandes contribuyentes. Entre 2013 y 2018, estos contribuyentes pagaron alrededor de 500 mil millones de pesos, cifra que se disparó a 1.3 billones entre 2019 y el primer semestre de 2024, lo que representa un incremento del 110%. Este aumento en la recaudación ha permitido al gobierno desplegar un gasto social sin precedentes en la historia reciente del país, lo que ha sido fundamental para abordar problemas de pobreza y exclusión social.
Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha señalado que la creación de nuevos impuestos no es la solución si las autoridades no toman medidas efectivas para cerrar los espacios de evasión. A lo largo de los años, varios presidentes han intentado aumentar impuestos como el IVA y el impuesto sobre la renta, pero estos esfuerzos no han resultado en mejoras significativas en la recaudación. De hecho, muchos de estos aumentos han impactado desproporcionadamente a las clases más desfavorecidas, ya que el IVA es un impuesto regresivo que afecta más a quienes tienen menos recursos.
### Desafíos Judiciales en la Lucha Contra la Evasión Fiscal
A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo y del Legislativo para aumentar la recaudación sin incrementar impuestos, el Poder Judicial ha presentado obstáculos significativos. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que invalida la inclusión de delitos fiscales en el régimen de delincuencia organizada. Esta decisión prohíbe la prisión preventiva oficiosa para aquellos acusados de delitos fiscales, lo que limita las herramientas que tienen las autoridades para combatir la evasión fiscal.
Este fallo ha generado preocupación, ya que la judicialización de los delitos fiscales se dirige principalmente a los grandes contribuyentes. La decisión de la Corte, respaldada por algunos de sus ministros, ha sido vista como una protección a una élite económica que se beneficia de la evasión fiscal, mientras que el Estado pierde recursos vitales para financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad pública. La situación se complica aún más cuando se considera que el ponente de esta sentencia, Luis María Aguilar Morales, ha estado involucrado en casos que favorecen a grandes corporaciones que deben sumas significativas al fisco.
La falta de acción efectiva contra la evasión fiscal no solo afecta la recaudación, sino que también perpetúa un sistema en el que las grandes empresas y los individuos con mayores recursos pueden eludir sus responsabilidades fiscales, dejando a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables a cargar con el peso de la carga tributaria. Esto plantea un dilema ético y práctico sobre la justicia fiscal en el país.
### La Necesidad de un Rediseño Fiscal Progresivo
El debate sobre la reforma fiscal en México no puede postergarse, especialmente considerando factores como el envejecimiento demográfico y la creciente necesidad de financiamiento para programas sociales. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado la importancia de un rediseño del modelo tributario actual, que se basa en principios neoliberales, hacia uno más progresivo. Este nuevo modelo debería garantizar que quienes más tienen contribuyan de manera justa al financiamiento del Estado, asegurando la sostenibilidad de los programas sociales que son fundamentales para combatir la pobreza y la exclusión.
La implementación de un sistema fiscal más equitativo no solo beneficiaría a los sectores más desfavorecidos, sino que también podría fortalecer la economía en su conjunto. Al aumentar la recaudación de manera justa y efectiva, el gobierno podría invertir en infraestructura, educación y salud, creando un ciclo virtuoso que beneficie a toda la población.
En este contexto, es crucial que las autoridades fiscales y judiciales trabajen de manera conjunta para cerrar los espacios de evasión y garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Solo así se podrá construir un sistema fiscal que no solo sea eficiente, sino también justo y equitativo para todos los mexicanos.
