En México, el Senado ha comenzado a trabajar en la revisión de la legislación relacionada con el abuso sexual, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años debido a la creciente conciencia social sobre la violencia de género. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Micher, ha destacado la necesidad de homologar las leyes en esta materia para que el abuso sexual sea considerado un delito grave en todas las entidades del país. Actualmente, la legislación varía significativamente entre los estados, lo que crea un vacío legal que puede ser aprovechado por los agresores.
La propuesta de reforma busca que el abuso sexual, que ya está tipificado en el Código Penal Federal (CPF), se aplique de manera uniforme en todo el territorio nacional. En este sentido, se plantea que las sanciones sean más contundentes, ya que en algunos estados el abuso sexual no se considera un delito y las penas son mínimas. Según el CPF, el abuso sexual se castiga con una pena de seis a diez años de prisión y se define como “tocamientos que impliquen actos explícitamente sexuales y que obliguen a la víctima a representarlos”. Además, se establecen agravantes que aumentan la penalidad, como el uso de violencia física o si la víctima es menor de edad o incapaz de resistir.
La distinción entre abuso sexual y acoso sexual es fundamental en este contexto. El abuso puede ocurrir en diversos ámbitos, ya sea en el hogar, en el trabajo o en espacios públicos, mientras que el acoso sexual se refiere a la solicitud de “favores sexuales” entre particulares. Este último está normado en el Código Penal de la Ciudad de México, donde se le da un enfoque laboral, considerando el hostigamiento sexual cuando el acosador ocupa una posición jerárquica superior.
La activista Olimpia Coral Melo ha sido una voz clave en la lucha por la actualización de las leyes que protegen a las mujeres de la violencia digital. En su reciente reunión con la Comisión para la Igualdad de Género, Melo enfatizó la urgencia de reforzar las normas contra la violencia digital, ampliando el delito no solo a la exhibición no consentida de imágenes en redes sociales, sino también al almacenamiento de estas. La propuesta incluye el establecimiento de un derecho a la identidad virtual de las mujeres y la creación de una Agencia Especializada en Delitos contra la Intimidad Sexual, similar a la que ya opera en la Ciudad de México, para facilitar el proceso de denuncia para las víctimas.
La ley Olimpia, como se le conoce, también requiere una revisión del sistema probatorio, ya que actualmente se deja a las víctimas la carga de presentar pruebas del delito. Esto es problemático, ya que las plataformas digitales deben ser responsables de proporcionar las evidencias necesarias. Las empresas que operan en el ámbito digital tienen un papel crucial en la prevención y sanción de la violencia que se ejerce en sus espacios, y deben asumir la responsabilidad de proteger a sus usuarios.
El contexto actual en México revela que, en lo que va del año 2025, se han abierto más de 25,000 carpetas de investigación por abuso sexual, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. La falta de una legislación uniforme y efectiva ha permitido que muchas víctimas no encuentren justicia, lo que a su vez perpetúa un ciclo de violencia y silencio. La revisión de las leyes es, por lo tanto, un paso necesario para garantizar que todas las mujeres en México tengan acceso a la justicia y a la protección que merecen.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un Plan Integral contra el Abuso Sexual, que busca abordar esta problemática de manera integral. Este plan incluye la revisión de los códigos penales de cada estado para asegurar que el abuso sexual esté tipificado de manera adecuada y que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del delito. La propuesta de la presidenta es un intento de crear un marco legal que no solo castigue a los agresores, sino que también prevenga el abuso y proteja a las víctimas.
Es fundamental que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones trabajen de la mano para visibilizar el problema del abuso sexual y exigir cambios legislativos que garanticen la protección de las mujeres. La educación y la sensibilización son herramientas clave para erradicar la violencia de género y fomentar una cultura de respeto y equidad.
La lucha contra el abuso sexual en México es un desafío que requiere un compromiso colectivo. La homologación de las leyes es solo un primer paso en un camino que debe incluir la educación, la prevención y el apoyo a las víctimas. La sociedad debe unirse para exigir un cambio real y duradero, donde la violencia de género no tenga cabida y las mujeres puedan vivir libres de miedo y con dignidad.
