El gobierno federal ha tomado la decisión de revisar y reducir las pensiones exorbitantes que han sido otorgadas a ex trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC). Esta medida fue anunciada durante una conferencia de prensa matutina por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que en LFC hay al menos un caso de pensión que supera el millón de pesos mensuales, junto con decenas de pensiones que sobrepasan los 700 mil pesos. En el caso de Pemex, se identificaron quince pensiones que superan los 350 mil pesos mensuales. La mandataria calificó de ofensivo este tipo de dispendio y ha ordenado la creación de una ruta legal que podría incluir reformas constitucionales para poner fin a estos abusos.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también ha reabierto auditorías e iniciado investigaciones sobre contratos en Pemex que están vinculados a sobornos, con un total de 16 funcionarios y tres ex funcionarios bajo investigación. Este anuncio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de desmantelamiento y corrupción que ha afectado a la paraestatal durante años.
### Contexto de la Corrupción en Pemex y LFC
Durante el periodo neoliberal, se llevó a cabo un desmantelamiento deliberado de Pemex, que incluyó la eliminación de su carácter de empresa pública, dejándola en desventaja frente a competidores. Este proceso estuvo marcado por desinversión, endeudamiento irresponsable y contratos leoninos que transformaron a Pemex en un botín para redes político-empresariales. Existen documentos que evidencian el pago por la construcción y operación de ductos hacia campos que nunca existieron, así como el regalo de terrenos y pactos que garantizaban pérdidas al Estado y ganancias a particulares.
La narrativa de que el Estado es incapaz de administrar empresas fue alimentada por quienes se beneficiaron de este desmantelamiento, justificando así la contrarreforma de 2013 que permitió la entrega de recursos nacionales a grandes capitales, tanto locales como foráneos. En este contexto, el sindicalismo charro, liderado por figuras como Carlos Romero Deschamps, se convirtió en un paradigma del neoliberalismo, utilizando dádivas y coerción para someter a la base trabajadora mientras facilitaba el desguace de la empresa.
La complicidad entre cúpulas sindicales, directivos y políticos dejó una estela de quebrantos al erario y una impunidad que las administraciones recientes han intentado desmantelar, a pesar de los obstáculos que presenta el orden legal y las redes de complicidades heredadas del pasado. La lucha contra las pensiones desproporcionadas es, por lo tanto, una medida necesaria y oportuna. No se trata de recortar derechos legítimos de los trabajadores, sino de corregir privilegios que lesionan las finanzas públicas y la ética republicana en beneficio de un pequeño grupo de ex altos funcionarios.
### Impacto Económico de las Pensiones Exorbitantes
Los datos revelados sobre las pensiones en Pemex y LFC son alarmantes. Las pensiones corruptas multiplican por 140 veces el promedio nacional, que ronda los 7 mil pesos. El costo anual de estos esquemas asciende a 14 mil millones de pesos, lo que equivale a una cuarta parte de lo que se destina a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o a la totalidad del gasto federal en cultura. Esta situación pone de manifiesto que las pensiones doradas no son casos aislados, sino parte de un sistema que ha drenado recursos públicos con total impunidad.
La revisión de la legalidad de estas pensiones es un paso esencial. Se debe establecer un límite a su monto basado en criterios de proporcionalidad y recuperar recursos en casos de abuso o simulación, siempre respetando el debido proceso y sin afectar a aquellos que se jubilaron conforme a la ley y a la justicia laboral. La reapertura de auditorías y la revisión del gasto excesivo a expensas del dinero de todos los mexicanos son esfuerzos que contribuyen a la tarea de restaurar a Pemex como un pilar del patrimonio nacional y una palanca de desarrollo.
El camino hacia la justicia financiera en Pemex y LFC es largo, pero la decisión del gobierno federal de abordar estas cuestiones es un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción y el abuso de recursos públicos es fundamental para garantizar un futuro más justo y equitativo para todos los mexicanos.
