La reciente celebración de elecciones generales para conformar un nuevo Poder Judicial en México marca un momento sin precedentes en la historia del país. Este evento, que tuvo lugar el 2 de junio de 2025, se enmarca dentro del llamado plan C, un conjunto de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuadas por la actual presidenta Claudia Sheinbaum. A diferencia de los procesos anteriores, donde las decisiones se tomaban en las cúpulas del poder, esta vez la voluntad popular fue el eje central de la elección.
### Contexto del Plan C y su Implementación
El plan C fue presentado como una respuesta a la percepción de que el Poder Judicial había estado alejado de la ciudadanía, siendo visto como un ente frívolo y corrupto, más cercano a los intereses de los poderes fácticos que a los de la sociedad. La Cuarta Transformación, como se ha denominado el movimiento político actual, argumentó que era necesario reformar la Constitución para garantizar un sistema judicial más transparente y accesible. Esta propuesta fue una de las banderas principales durante las elecciones del año anterior, donde se buscó obtener la mayoría calificada en el Congreso para llevar a cabo estas reformas.
La implementación del plan C no fue sencilla. A lo largo de su desarrollo, se enfrentó a múltiples obstáculos, incluyendo batallas legales y movilizaciones de la burocracia judicial. La llegada de Norma Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2023 marcó un cambio significativo en la dinámica del Poder Judicial, lo que llevó a una resistencia por parte de algunos sectores que se sintieron amenazados por las reformas propuestas.
La elección judicial del 2 de junio representó un desafío monumental, ya que se pusieron en juego cerca de 2,700 cargos, desde ministros de la SCJN hasta jueces distritales. La complejidad del proceso electoral requirió un esfuerzo considerable por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), que tuvo que diseñar un sistema de votación que permitiera a los ciudadanos elegir entre una amplia gama de candidatos. Este proceso no solo fue un ejercicio de democracia, sino también un reto logístico y organizativo sin precedentes en el país.
### La Participación Ciudadana y los Retos del Proceso Electoral
La participación ciudadana en estas elecciones fue un aspecto crucial. A pesar de que los partidos políticos se mantuvieron al margen del proceso, los ciudadanos tuvieron que realizar un esfuerzo significativo para informarse sobre los candidatos y sus propuestas. Este ejercicio de búsqueda de información y reflexión fue fundamental para que los votantes pudieran tomar decisiones informadas, a pesar de las dificultades inherentes a un proceso electoral tan complejo.
La escasa participación, aunque esperada, planteó interrogantes sobre el compromiso de la ciudadanía con este nuevo modelo de elección. Sin embargo, el hecho de que el proceso se llevara a cabo con un número mínimo de denuncias por irregularidades es un indicativo positivo de que, a pesar de los desafíos, se logró un desarrollo relativamente pacífico y ordenado. Esto sugiere que, aunque el camino hacia una mayor democratización del Poder Judicial es largo, se están dando pasos significativos en la dirección correcta.
La elección judicial no solo representa un cambio en la forma en que se eligen a los magistrados y jueces, sino que también simboliza un cambio en la percepción que la ciudadanía tiene sobre el Poder Judicial. Durante décadas, este ha sido visto como un estamento distante y poco accesible, pero con estas reformas, se espera que se convierta en un poder más cercano a la gente, que responda a sus necesidades y demandas.
El futuro del Poder Judicial en México es incierto, pero la reciente elección marca un hito en la historia del país. La transición hacia un sistema judicial más democrático y accesible es un proceso que requerirá tiempo y esfuerzo, pero los primeros pasos ya se han dado. La esperanza es que, con el tiempo, se logre construir un Poder Judicial que no solo sea más representativo, sino también más justo y equitativo para todos los ciudadanos. La participación activa de la sociedad en este proceso será fundamental para garantizar que las reformas se implementen de manera efectiva y que el nuevo sistema judicial cumpla con las expectativas de la población.
