La reciente iniciativa presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión marca un hito significativo en la administración pública mexicana. Esta propuesta busca transferir las funciones del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo optimizar la estructura del gobierno y mejorar la calidad de la información estadística relacionada con la pobreza y el desarrollo social en el país.
### Contexto de la Iniciativa
La iniciativa, que fue remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se enmarca dentro de un proceso más amplio de simplificación orgánica del gobierno, tal como se establece en el artículo transitorio Segundo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. Este decreto busca no solo la eliminación de duplicidades en las funciones gubernamentales, sino también la optimización de recursos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Inegi.
El Inegi, como organismo autónomo, tiene la responsabilidad de generar información estadística y geográfica de calidad, y con esta nueva atribución, se espera que pueda realizar una medición más precisa de la pobreza y evaluar de manera integral la Política de Desarrollo Social. Esto incluye la emisión de recomendaciones y la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que podría resultar en una mejor implementación de políticas públicas.
### Implicaciones de la Transferencia de Funciones
La transferencia de funciones del Coneval al Inegi implica una serie de cambios significativos en la forma en que se evalúa la política social en México. En primer lugar, se delimitará el ámbito de competencia del Inegi en lo que respecta a la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social. Esto significa que el Inegi se enfocará en la medición de la pobreza y en la evaluación de los programas y acciones destinados a reducir la desigualdad y la exclusión social.
Por otro lado, se establece que la evaluación de desempeño, que anteriormente era parte de las funciones del Coneval, ahora será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta separación de funciones busca evitar confusiones y garantizar que cada organismo cumpla con su rol específico dentro del sistema de evaluación del desempeño gubernamental.
Además, la modificación de la Ley General de Desarrollo Social es crucial para preservar los objetivos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Esto es fundamental para evitar discordancias entre la producción de información estadística y la evaluación de la política social, asegurando que la medición de la pobreza se base en datos confiables y actualizados.
La reforma también incluye cambios en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, eliminando las referencias a las evaluaciones que el Inegi debía realizar, lo que permitirá que su enfoque se centre exclusivamente en la evaluación de la Política de Desarrollo Social. Asimismo, se armoniza la Ley General de Contabilidad Gubernamental con estas modificaciones, asegurando que la participación del Inegi se limite a su nuevo rol en la evaluación de la política social.
### Retos y Oportunidades
La implementación de esta iniciativa no está exenta de desafíos. Uno de los principales retos será garantizar que el Inegi cuente con los recursos y la capacitación necesarios para asumir estas nuevas funciones sin comprometer la calidad de su trabajo. La transición de funciones debe ser cuidadosamente gestionada para evitar interrupciones en la producción de datos y en la evaluación de políticas públicas.
Sin embargo, esta reestructuración también presenta oportunidades significativas. Al centralizar la evaluación de la política social en el Inegi, se espera que se logre una mayor coherencia en la recopilación y análisis de datos, lo que podría resultar en políticas más efectivas y en una mejor atención a las necesidades de la población vulnerable. Además, la autonomía del Inegi es un factor clave que puede contribuir a la independencia y objetividad en la evaluación de programas sociales.
En resumen, la iniciativa de transferir las funciones del Coneval al Inegi representa un paso importante hacia la modernización y eficiencia del gobierno mexicano. Con un marco legal adecuado y un enfoque claro en la medición de la pobreza y la evaluación de la política social, se espera que esta reestructuración contribuya a un desarrollo más equitativo y sostenible en el país.
